Abogado analizó los crímenes e “irregularidades” que se registraron en la comitiva de la UNP que transportaba disidentes

En un nuevo escándalo que tiene en vilo al Gobierno nacional, el 23 de julio, uniformados del Ejército Nacional detuvieron una comitiva de la Unidad Nacional de Protección en la que se movilizaban siete guerrilleros del Estado Mayor Central que no hacen parte del quinto ciclo de diálogos con el Estado, por lo que fueron capturados a su llegada al Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia.

De acuerdo con el informe de las autoridades, dentro de los capturados estaban: Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, comandante del frente 36 del EMC; Omar Delgado Novoa, alias Boyaco, cabecilla del Meta; Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, líder del frente 16; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika, delegada del frente Carolina Ramírez; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla frente Rodrigo Cadete; Wender Yosony Duque, alias Oliver González, cabecilla comisión frente Raúl Reyes y María Alejandra Ojeda Londoño

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Sin embargo, también se conoció que en los vehículos oficiales estaba un menor de edad que había sido reclutado por las disidencias cuando tenía 12 años, por lo que fue enviado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que en los carros fueron encontrados más de 100 millones de pesos, armas y hasta prendas de oro, lo que ha generado indignación por parte de la opinión pública.

A pesar de los hechos mencionados, tres de los detenidos fueron dejados en libertad luego de que la Fiscalía levantara las órdenes de captura en su contra, mientras que los demás están esperando que se registre la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, pero desde el EMC han afirmado que también hacen parte de la comitiva de negociación y se desconoce si podrían terminar de la misma forma que los capturados que salieron libres.

Debido a los secretos que luego fueron revelados sobre este hecho, el abogado penalista Jhoan Montenegro habló con Infobae Colombia sobre el impacto que podría tener esta situación en términos legales, comenzando por la falta de explicaciones sobre qué pasó con el dinero incautado y si pertenecía a alguno de los disidentes que hace parte de la mesa de diálogos con el Estado.

“Es claro que lo registrado con las disidencias deja un precedente alto respecto a la actividad legal por parte de la UNP, toda vez que hay varios interrogantes cómo la procedencia de los fondos que se encontraron y esos fondos de dónde provenían y si tenían un origen lícito”, destacó Montenegro.

Enfocándose en el informe entregado por la fiscalía, el jurista indicó que falta claridad sobre qué personas tenían las armas y los demás objetos incautados, destacando que a pesar de que no tengan orden de captura, vigente, las negociaciones no le dan el derecho a los disidentes de delinquir.

“Al porte ilegal de armas, seguramente son armas que no tienen salvoconducto y no pueden ser portadas, a pesar de que están en un marco de diálogo de paz, eso no da licencia a delinquir. Seguramente hay unos escollos jurídicos que tendrán que sobrepasar”.

Sobre el uso indebido de las camionetas de la UNP, el abogado indicó que en términos legales el proceso debería hacer que existan consecuencias para los escoltas o las personas encargadas de autorizar el uso de los vehículos.

“Hay una posibilidad de términos disciplinarios y penales si la autorización de las camionetas no fue debidamente diligenciada, ya que se están manejando recursos públicos de los colombianos y no de fuerzas armadas ilegales”, indicó Montenegro.

Por último, el abogado penalista destacó que no es la primera vez que vehículos de la unidad son utilizados de manera indebida, por lo que espera que la fiscalía se pronuncie sobre la situación a nivel de la UNP y sus responsabilidades en el caso.

“Un vehículo que está destinado a la protección de personas y que en el pasado ya han sido utilizados por estos grupos armados y ya se ha revelado que han movilizado drogas, armas. Qué tiene que opinar la fiscalía sobre esto, creo que es una de las dudas que deben responder”.