La defensa del excongresista Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, expresó su preocupación ante las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro.
Según sus abogados defensores, Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre Vásquez, estas declaraciones podrían afectar negativamente el pedido de libertad provisional de García Romero. El tema fue planteado el viernes 19 de julio a la Corte Suprema de Justicia.
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En una comunicación dirigida a la Corte, los abogados manifestaron que el excongresista está inquieto por los comentarios del presidente, pues consideran una intromisión en la independencia judicial.
“La preocupación que ha dejado en nuestro representado las manifestaciones realizadas por el Señor presidente de la Republica Gustavo Petro Urrego, frente a la medida de aseguramiento que pesa sobre el procesado Álvaro Alfonso García Romero”, dice el comunicado expedido por los juristas.
El jefe de Estado, durante un discurso en el cual sancionaba la reforma pensional el 16 de julio, mencionó que “García Romero había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder” y que “toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”.
Petro también señaló que, aunque personalmente desearía que el exsenador pudiera jugar con sus nietos, la justicia le indica que no puede salir en libertad porque fue un masacrador de su pueblo. “La decisión de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje claro contra la impunidad y la violencia política en el país”, puntualizó el presidente.
“La Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, agregó el mandatario.
La defensa de Álvaro García subrayó que las interpretaciones del presidente pueden llevar a la desinformación pública y afectar la percepción de las decisiones judiciales. En su comunicado a la Corte, los abogados anotaron que el discurso del presidente se basa en “desinformación”, y que envía mensajes equívocos a la sociedad al atribuirle a la Corte decisiones judiciales con fines políticos.
“Se propenda por la protección a la división de poderes, para que no se genere una desinformación a la población en general por medio de interpretaciones de decisiones de la Justicia”, debido a que “el discurso rendido por el Señor Presidente de la República se hace a partir de desinformación”, dice el comunicado de la defensa de García Romero.
Además, los abogados advirtieron que estas declaraciones pueden interpretarse como un intento de influir en la judicatura, lo cual podría comprometer la división de poderes. Señalaron que es necesario que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre este tema para proteger la imparcialidad y la integridad del sistema judicial.
La defensa de Álvaro García cuestionó la legitimidad de los comentarios presidenciales, al afirmar que Petro se atribuyó ser testigo de hechos de los cuales no tiene conocimiento de primera mano. Los abogados argumentaron que el presidente, al comentar sobre el caso específico de García Romero, influyó en la percepción pública del proceso judicial de manera inoportuna, lo que podría ser percibido como una forma de presión sobre la justicia.
Los defensores del excongresista solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que asegure la protección de la división de poderes y evite la desinformación de la población a través de interpretaciones políticas de decisiones judiciales, refiriéndose a las declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro el martes 16 de julio.