Se ha revelado una grave crisis en Empresas Municipales de Cali (Emcali), la principal empresa de servicios públicos de la capital del Valle del Cauca, afectada por la operación de once carteles delictivos, según denuncias del concejal Roberto Ortiz en una reciente sesión del concejo. Estas organizaciones han generado pérdidas significativas para la empresa.
Según la investigación realizada por Semana, Ortiz este expuso un video de Mauricio Valderrama, un ex empleado de Emcali que fue asesinado recientemente. Valderrama, quien se dedicaba a detectar pérdidas de energía, había encontrado evidencias que vinculaban a residencias de alto poder adquisitivo y empresas comerciales con estas actividades ilícitas. Según Ortiz, el cartel de la energía es solo uno de los muchos grupos operando dentro de la empresa, complicando aún más la situación de Emcali.
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“Son miles de negocios los que podrían estar robando energía. Si Emcali tuviera la voluntad y el personal para detectar estas pérdidas, sería fácil enfrentar esta situación”, afirmó Ortiz. Además, señaló que si la empresa recuperara los fondos perdidos por estos robos, podrían destinarse a proyectos sociales en la ciudad.
Semana informó que este cartel, compuesto por exempleados técnicos y trabajadores actuales, manipula los medidores de energía instalando dispositivos que alteran el consumo registrado. Esto permite a negocios y residencias en sectores adinerados pagar solo una fracción de sus facturas de electricidad, generando pérdidas mensuales estimadas en 50.000 millones de pesos para Emcali.
La red delictiva no solo incluye técnicos externos, sino también a funcionarios de alto rango dentro de la empresa. Se estima que cientos de negocios y residencias como centros comerciales y hoteles se benefician de estos dispositivos alterados, representando una evasión mensual millonaria. Según en la investigación realizada por el medio mencionado, los medidores se manipulan para que empresas que deberían pagar hasta 100 millones de pesos al mes, solo paguen entre 15 y 20 millones.
Un extrabajador de Emcali contó a Semana: “Regularmente, en las grandes empresas paran el contador de 5:30 a. m. a 6:00 p. m.; entonces, en ese horario es como si no hubieran consumido nada de energía”.
Además, esta red controla la instalación de medidores especiales en Cali, un proceso que requiere la firma autorizada de un experto, dificultando aún más la transparencia en las operaciones de Emcali.
Édinson Zambrano, director jurídico de Emcali, indicó que la empresa está iniciando procesos para recuperar las pérdidas y llevar a cabo acciones penales contra los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, solo 31 personas han sido detenidas por el departamento de seguridad de la empresa y ninguna ha sido presentada ante la Fiscalía General de la Nación, debido a la complejidad de los casos y las condiciones socioeconómicas de los implicados.
Roberto Ortiz insistió en la necesidad de una mayor voluntad por parte de Emcali para combatir estas prácticas ilegales y destinar los fondos recuperados a proyectos que beneficien a la comunidad.
La investigación de la Controlaría a Emcali
La Contraloría General de Cali detectó un presunto detrimento patrimonial en las Empresas Municipales de Cali que supera los 11 mil millones de pesos en el año 2023. El informe realizado el 29 de mayo detalló 33 hallazgos administrativos, de los cuales 28 podrían derivar en sanciones disciplinarias, seis en responsabilidades fiscales y uno en una posible acción penal.
El documento de la Contraloría destacó irregularidades bajo la gestión del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina durante los años 2020 al 2023, como la entrega incompleta y retrasada de información y la falta de precisión en los datos financieros, lo cual complicó el proceso de auditoría. Estas irregularidades dieron lugar a la apertura de dos Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales contra directivos de alto nivel en Emcali.
Entre los hallazgos más preocupantes está la imposibilidad de verificar activos valorados en más de 228.000 millones de pesos, debido a problemas con el sistema de gestión y automatización de procesos ERP-SAP. Esta situación llevó a la Contraloría a emitir una opinión financiera negativa sobre el año 2023.
Además, se encontraron prácticas financieras cuestionables, como la ausencia de aprobación de los estados financieros por parte de la junta directiva, gastos sin justificar que superan los 137.000 millones de pesos y cuentas por pagar que no cumplen con los requisitos necesarios por más de 6.000 millones de pesos.