Tras una visita a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Procuraduría entregó un extenso informe en el que advierte de múltiples irregularidades en la ejecución de la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro, que tienen en peligro cientos de millones de pesos.
El despacho del procurador Gustavo Adolfo Guerrero advierte de múltiples problemas en la aplicación de las normas creadas para la adquisición de tierras por parte de la ANT, que fueron identificadas a partir de la revisión de varios de los procesos que se han adelantado hasta marzo.
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Una de las irregularidades es la posible adquisición de predios baldíos, es decir que no podrían ser adjudicables, debido a que se habría implementado mal el proceso de acreditación de la viabilidad jurídica de los predios. Algunos, de acuerdo con el informe, fueron admitidos a pesar de “dentro de los estudios técnicos sobre el predio se daba cuenta de áreas con cuerpos de agua, humedales, terrenos inundables entre otros más”.
“Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que dentro de las competencias de la ANT se integran también las del adelantamiento de los procedimientos de deslinde de tierras de la nación: su objetivo es definir límites geográficos que distingan tierras baldías de propiedad privada, a través de un estudio de títulos en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994″, sostiene el procurador.
Para la Procuraduría, la ANT no ha adelantado el correcto análisis de los predios que ha ordenado comprar. En algunos casos ha llegado solo a las anotaciones de los folios de matrícula y no ha ido directamente a los títulos originarios, pese a que esa consulta es necesaria para establecer linderos y determinar si son adjudicables o no.
En la muestra de casos se han identificado varios en los que no se hizo el análisis del título originario. “Era necesario también consultar el expediente del proceso de titulación a fin de determinar que no se hubieran configurado irregularidades: los cuerpos de agua y sus respectivos playones no pueden ser objeto de adjudicación, y, por ende, una decisión en tal sentido, debe ser revisada con el mayor cuidado posible”, advirtió la Procuraduría.
Así mismo, respecto a los procedimientos de adquisición de los predios, se han establecido contratos de compraventa con los propietarios, sobre los cuales también se advirtieron irregularidades. Por ejemplo, en los casos analizados no se encontraron contratos de compraventa, pese a que al momento de la revisión ya superaban los dos meses establecidos para cumplir con ese requisito.
“Es importante señalar que la promesa de compraventa no transfiere derechos de propiedad, sino que se limita a establecer la obligación de las partes de suscribir los contratos de compraventa. Pese a lo anterior se identificaron casos en los que con la sola suscripción de los contratos de promesa se ordenó la incorporación al Fondo de Tierras”, advirtió el informe de la Procuraduría.
En el informe también se detallan hallazgos de casos en los que se realizó el proceso de adquisición, pero no existe acta de entrega material del predio. En otros, se firmó acta de compraventa con entrega anticipada, pero no se registra que se haya producido; así como un caso en el que se vendió un predio que se encuentra invadido y el propietario no puede entregarlo.
Hay 28 casos en los que se dio concepto jurídico negativo y aún así se surtió el proceso de avalúo catastral, 29 sin ese concepto se ordenó el avalúo,17 en los que a pesar de tener medidas de restitución de tierras se realizó el avalúo y 21 en los que se efectuó el mismo proceso sin tener certeza de su viabilidad para la adquisición.
Así las cosas, el procurador delegado señala que hay una tasa de irregularidades en el 62% de las compras de tierras analizadas, por lo que estiman que 136.911.777.315 pesos del presupuesto estarían en riesgo, a los que se podrían sumar 556 millones que todavía no tienen desembolso.