El hacinamiento en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Colombia se encuentra un nivel alarmante del 166%; es decir, hay más del doble de personas en esos lugares con respecto a su capacidad. Esta situación es uno de los factores que hace difícil que la justicia sea efectiva y agrava la crisis carcelaria del país.

La situación se complica debido a que muchos de los detenidos en esos centros transitorios ya han sido condenados, por lo que no deberían estar allí, sino en cárceles cumpliendo su condena. Sin embargo, no han sido trasladados a los centros penitenciarios adecuados.

Según datos obtenido por W Radio, hay al menos mil personas condenadas que aún no han sido trasladadas a centros penitenciarios, lo que requiere de más de 3.500 policías adicionales.

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Según cifras de las autoridades conocidas por Rtvc, existen 1.089 estaciones de policía en el país, que pueden albergar hasta 9.694 privados de la libertad, pero actualmente están alojando a 21.615 personas. Este sobrecupo afecta tanto a los detenidos como a los agentes policiales encargados de su custodia, quienes son insuficientes para garantizar la seguridad en estos centros y en las calles.

Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y alcaldes de las cuatro ciudades principales de Colombia (Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; y Barranquilla, Álex Char) se reunieron para buscar soluciones inmediatas. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, también estuvo presente.

En la reunión se acordó trasladar a cerca de mil detenidos de las URI a cárceles y elaborar informes sobre internos con derecho a beneficios, como la libertad condicional y la detención domiciliaria. En los próximos días, se haría efectivo ese traslado, así como el mejoramiento de las instalaciones para albergar a los detenidos en condiciones óptimas, con el fin de prevenir fugas debido al sobrecupo.

Por su parte, los alcaldes se comprometieron a habilitar conexiones en estaciones y URI para facilitar diligencias judiciales virtuales y así reducir el número de libertades otorgadas por vencimiento de términos. El Ministerio de Justicia evaluará la creación de sitios transitorios de reclusión bajo vigilancia de particulares.

Las razones del hacinamiento en los centros de reclusión (tanto permanentes como transitorios) tiene que ver con el “uso excesivo de reclusión intramural como forma de resolver los distintos conflictos sociales que se están presentando”, según dijo Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Javeriana, a Infobae Colombia. Esto ha llevado a que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía se llenen, principalmente, de personas que no han sido condenadas y que aún están en proceso judicial, manteniendo su presunción de inocencia.

El hacinamiento genera condiciones adversas y una capacidad de custodia mermada. Jiménez explicó que estas circunstancias “repercuten en la seguridad barrial” al reducir la capacidad de vigilancia y gestión dentro de estos establecimientos. El problema se agrava cuando las cárceles y centros de reclusión se convierten en lugares donde se fortalecen bandas y estructuras criminales que continúan operando y llevando a cabo actividades delictivas desde dentro.

Otro aspecto de esta situación es la violación de los Derechos Humanos de los presos. Las condiciones de hacinamiento violan el derecho a la dignidad humana, exponiendo a los internos a espacios reducidos sin suficiente ventilación ni luz natural. Estas condiciones propician problemas sanitarios graves. Amnistía Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reportado que la falta de espacio y las condiciones inadecuadas pueden conducir a problemas de salud física y mental.

Ramón Castillo, investigador del Centro de Estudios de Justicia de Colombia, comentó que el hacinamiento es “una muestra de la incapacidad estatal para gestionar de manera efectiva el sistema de justicia, lo que deriva en consecuencias graves tanto para los reclusos como para la sociedad”.

Con esto, expertos concluyen que este es un problema complejo, resultado de la sobrepoblación, falta de inversión en infraestructura penitenciaria y problemas de fondo en el sistema de justicia. “La situación actual es insostenible y requiere una respuesta integral que aborde no solo las consecuencias, sino también las causas subyacentes del sistema penitenciario”, concluyó Jiménez.