Tras el fracaso de la conciliación entre la Cancillería de Colombia y la empresa Thomas Greg & Sons por declarar desierta la licitación de pasaportes en el país, se conoció el plazo que tiene el Gobierno para responder a la demanda interpuesta por la firma.
El recurso legal en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio fue admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el miércoles 3 de abril de 2024; y en este, Thomas Greg & Sons reclama una indemnización de $507.167 millones, alegando perjuicios económicos significativos por los problemas en la licitación del millonario contrato.
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Jhon Camargo, director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado (Andje), ofreció una panorámica de la situación actual y reveló la estrategia de defensa del Gobierno frente a dicha demanda.
Camargo aseguró que el proceso avanza adecuadamente y que una respuesta será entregada directamente por la Cancillería. “El proceso de defensa con el caso de los pasaportes, específicamente con Thomas Greg, va bien. Tenemos plazo hasta el 21 de junio para contestar la demanda, la cual será respondida directamente por la Cancillería”, afirmó el funcionario, en entrevista con Blu Radio.
En ese sentido, Camargo indicó que el proceso judicial tomará el tiempo necesario, destacando que la duración no depende, ni de Thomas Greg, ni de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, ni de la Cancillería: “Ese proceso se demorará el tiempo que sea necesario, lo cual depende de la dinámica del aparato judicial”.
Según expuso el funcionario al medio ya citado, la estrategia de defensa tiene como objetivo demostrar que la posición jurídica que se defiende es correcta y que esta protección legal se ajusta a los intereses del Estado. “Estamos seguros de que podremos demostrar que el punto de derecho que defendemos es el adecuado y cierto, no solamente para los intereses del Estado”.
También resaltó dos puntos esenciales: “El primero y más relevante es que los colombianos no se han quedado un solo día sin pasaportes. El segundo mensaje que puedo garantizar es que eso nunca va a pasar; siempre estará garantizado el servicio de expedición de pasaportes”.
Finalmente, el director de la Agencia Jurídica dijo que la Cancillería ha colaborado de manera constante en el proceso judicial y destacó la coordinación y cooperación entre ambas entidades: “Estamos construyendo esta estrategia de manera conjunta con ellos y ya tenemos un trabajo articulado y fluido”.
Exsecretario de la Cancillería fue denunciado por la polémica licitación de pasaportes
Jhon Jairo Camargo, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentó en marzo de 2024 una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. La acusación se centra en la adjudicación de la licitación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons.
El recurso judicial interpuesto señala al exfuncionario por presuntos delitos de prevaricato, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de poder. La denuncia sostiene que Salazar firmó varias resoluciones basándose en facultades que, asegura, le fueron otorgadas por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo.
Además, el entonces secretario general habría desautorizado una resolución del canciller suspendido, Álvaro Leyva, que suspendía la licitación de pasaportes y declaraba la urgencia manifiesta en el proceso. Estos actos, según Camargo, constituyen una clara irregularidad en el manejo de los contratos públicos.
La respuesta del exsecretario de la Cancillería
José Antonio Salazar calificó de “absurda” la denuncia del Gobierno en su contra. Durante una entrevista con RCN Radio, el exfuncionario sostuvo que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, dirigida anteriormente por Martha Lucía Zamora, ya había establecido una posición institucional sobre el asunto.
“Lo extraño de la denuncia es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya había sentado su posición institucional cuando estuvo en cabeza de la doctora Martha Lucía Zamora”, dijo José Antonio Salazar.
Agregó que este recurso no tiene sentido, y expresó su disposición de colaborar con las autoridades: “Sí, por supuesto, que como ciudadano es en mi deber, estoy listo”.