Con la determinación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz de presentar ante la sala plena del organismo rector pliego de cargos contra el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que habría sido la financiación irregular de su campaña a la Casa de Nariño, en 2022, también quedó al descubierto el monto de lo que habría sido la violación de topes en su aspiración como jefe de Estado.
De acuerdo con la ponencia radicada por los dos togados, que pertenecen al Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente, los recursos que habrían entrado a las cuentas de la campaña Petro Presidente se habrían excedido en $5.355 millones. De estos, 3.709 millones de pesos se registraron en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se reportaron ingresos por encima de los topes por $1.646 millones.
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En su ponencia, tanto Prada como Ortiz relacionaron los aportes que habrían sido ocultados de organizaciones sindicales como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de $500 millones; además de que tuvieron en cuenta el testimonio de Omar Hernández: que hace parte de la red de criptomonedas Daily Cop y que indicó que se habría hecho un aporte por más de $2.000 millones para la aspiración presidencial.
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Los ingresos y gastos que no habría reportado la campaña de Gustavo Petro al Consejo Nacional Electoral
En su informe, según reseñaron medios como Semana, los magistrados del CNE que formularon cargos señalaron que los recursos dados por el Polo Democrático, que también habría girado $500 millones a la campaña, al parecer no fueron mencionado. Como tampoco se reportó el pago a cerca de 36.000 testigos electorales, del orden de los $931 millones; ni los gastos de propaganda electoral que estarían cercanos a los $356 millones. Fueron estas algunas de las inconsistencias halladas.
Llama la atención que en el aplicativo Cuentas Claras, que es el que se relacionan los ingresos y gastos de las campañas electorales, y que sirve de insumo al Consejo Nacional Electoral para hacer revisión, no aparecen relacionados los servicios de transporte aéreo por $1.249 millones en la primera vuelta, y $962 millones en la segunda; es decir, casi la cifra mencionada por el testigo Hernández de lo que habría sido el aporte de Daily Cop a esta campaña.
Además de aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por $500 millones: $121 millones en la primera vuelta, y $379 millones en la segunda; ni los pagos hechos por la coalición del Pacto Histórico desde la campaña al Congreso, por $202 millones. Pero lo más llamativo, es que, como mencionó el citado medio, el alquiler del Movistar Arena para celebrar el triunfo, el 19 de junio de 2022, que costó $100 millones, tampoco aparece en la contabilidad.
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Cabe destacar que la formulación de cargos que han propuesto a sus colegas los magistrados Prada y Ortiz también involucra a Ricardo Roa Barragán, que ofició como gerente de la campaña a la presidencia, y que en la actualidad ejerce como presidente de la estatal Ecopetrol; además de María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, que fueron los auditores de las cuentas presentadas por la campaña al CNE, que podría tomar una decisión trascendental sobre la campaña de Petro.
Asimismo, se abstendría de involucrar al proceso a Luz Aydeé Mogollón Alfonso, en su condición de tesorera de la campaña, pues a juicio de los magistrados no estaría involucrada en lo que sería la violación de los límites electorales en la campaña a la presidencia. Este proceso, como era de imaginarse, ha generado una fuerte respuesta del primer mandatario, que ya convocó a sus bases en todo el país para llevar a cabo lo que considera la defensa de su mandato constitucional.