Subintendente y patrullero de la Policía fueron sancionados por agredir a un ciudadano de la comunidad LGBTI

La Procuraduría General de la Nación sancionó a dos miembros de la Policía Nacional por extralimitarse en sus funciones. Se trata del subintendente de la seccional Nariño, Daniel Alejandro Garzón Hernández, y el patrullero, Josly Augusto Cáceres Sanabria, los cuales habrían agredido físicamente a una persona de la comunidad LGBTI.

El Ministerio Público constató que los funcionarios propiciaron fuertes golpes en la espalda al sujeto que había sido privado de la libertad, en medio de una requisa en las salas de la estación de Policía de Nariño.

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De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, la víctima recibió agresiones al ingresar a las celdas con los bolillos de los uniformados; asimismo, fue víctima de descargas con el tasser en varias ocasiones por tener entre sus elementos personales una cuchilla de afeitar.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento confirmó que la conducta de los disciplinados es calificada como “grave, a título de dolo”.

De acuerdo con la corporación Caribe Afirmativo, el incremento en homicidios, el crecimiento de casos de violencia policial y la tendencia sostenida de amenazas a liderazgos de este grupo poblacional durante el 2023, deja constancia que “no hay condiciones de vida digna para las personas LGBTIQ+”.

La organización aseguró que cada 55 horas asesinan a personas LGBTIQ+ en actos presuntamente relacionados con prejuicios hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, alertó que cada día son amenazados un promedio de siete personas por asumir un papel de visibilidad y de construcción colectiva de dicha población.

Como hecho agravante advirtió que los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente Policía y Ejército, que “están hechos para cuidar a la población han aumentado en un 50% los ataques a la ciudadanía sexo-género diversa”.

Estas cifras, según Caribe Afirmativo, posicionan a Colombia como uno de los países más violentos de Latinoamérica en materia de derechos de personas LGBTIQ+, junto con Brasil, México, Perú y Honduras, “parece que no tienen posibilidad de ceder y disminuir este impacto desproporcionado motivado por el prejuicio”, puntualizó la corporación.

El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, presentado a finales de febrero de 2024, evidenció que en 2023 hubo “una disminución en algunos indicadores de la violencia”.

Sin embargo, la ONU destacó que “la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil (…) siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varias comunidades, pueblos y procesos organizativos históricos”.

Entre las comunidades afectadas por la violencia en el territorio nacional está la LGBTIQ+ que han sido víctimas de amenazas, desplazamiento o violencia por su orientación sexual o identidad de género.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la mayoría de los casos no son denunciados, lo que muestra la necesidad de implementar estrategias para la atención integral y confidencial a las personas LGBTIQ+ en los territorios.

En el mismo informe, la Oficina del Alto Comisionado recibió 37 alegaciones de agresiones que habrían cometido integrantes de la Policía y Fuerzas Militares en 2023, y que habrían terminado con la vida de las víctimas. De estos casos, 30 fueron verificados y 7 continúan en proceso de investigación.

El organismo recibió también 36 alegaciones de otras presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública, de las que ha verificado 18 casos.