En una reciente publicación, el presidente Gustavo Petro abordó la compleja relación entre el narcotráfico y la política en Colombia, un tema que ha marcado el discurso político y social del país durante décadas.
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La respuesta del mandatario se dan por la denominada “lista negra de Jimmy Carter” en la que se expone el nombre de varios funcionarios colombianos de la época de los presidentes Alfonso López Michelsen y Julio Cesar Turbay Ayala, en las que se les vinculaba con el narcotráfico.
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“Desde el principio del narcotráfico, éste estaba ligado al más alto poder político. Una imposible narcodemocracia hereditaria. Unos gobiernos de patricios narcotraficantes”, declaró Petro en su cuenta de X. Con estas palabras, el mandatario quiso poner de manifiesto una realidad histórica en la que el narcotráfico no solo ha permeado las capas más bajas de la sociedad, sino que ha encontrado su camino hacia los estratos más altos del poder político.
La referencia a una “narcodemocracia hereditaria” sugiere una crítica a la perpetuación del poder entre una élite que, según Petro, ha estado históricamente vinculada al narcotráfico. Esta situación ha planteado desafíos significativos para la democracia colombiana, que busca ser “plebeya y honesta”, en palabras del presidente, refiriéndose a una democracia que es del pueblo y para el pueblo, libre de corrupción y comprometida con la justicia social.
“Narcotráfico y Estado de Sitio iban de la mano. Corrupción y violación de los derechos humanos”, fueron las palabras del presidente.
Petro también señaló la relación entre el narcotráfico y la implementación de estados de sitio, una medida extrema que ha sido utilizada en el pasado como respuesta a la violencia y la inestabilidad causadas por el narcotráfico. Sin embargo, esta respuesta ha venido acompañada de una “corrupción y violación de los derechos humanos”, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y las consecuencias de tales medidas.
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El presidente Petro ha sido un crítico vocal de la forma en que el narcotráfico ha influido en la política colombiana y ha abogado por una reforma profunda que aborde las raíces del problema.
La “lista negra”
La llamada “lista negra” de Jimmy Carter, que ha salido a la luz recientemente, es un conjunto de documentos desclasificados que vinculan a altos funcionarios colombianos con el narcotráfico durante las décadas de 1970 y 1980. Estos documentos, revelados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), contienen información sobre la intervención de Estados Unidos en Colombia, enfocada en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
Los informes de inteligencia, originados de la DEA y la CIA, señalan a más de 30 funcionarios colombianos que presuntamente tenían vínculos con el tráfico de drogas. Entre los mencionados se encuentran figuras como el general Abraham Varón Valencia, exministro de Defensa, quien supuestamente recibió sobornos relacionados con el narcotráfico. También se menciona a Óscar Montoya Montoya, exministro de Trabajo, quien habría discutido sobre el tráfico ilícito de cocaína y café con un conocido narcotraficante.
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Además, la lista incluye al expresidente Julio César Turbay, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982. Se alega que a través de su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, Turbay pudo haber tenido conexiones con narcotraficantes que tenían suficiente poder para influir en la selección de los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Turbay asumía la presidencia.
Estos documentos históricos no solo arrojan luz sobre las dinámicas de poder y la política exterior de EE.UU. durante la década de los setenta, también subrayan la complejidad de las relaciones internacionales en el contexto de la guerra contra las drogas. Además, indican que el emblemático buque Gloria fue usado para llevar cocaína a Estados Unidos.