La ley 1116 de 2006, comúnmente conocida como la ley de insolvencia, ha estado haciendo eco en la actualidad económica del país. Esta legislación se activa cuando el valor total de los activos o bienes de una compañía resulta insuficiente para cubrir la totalidad de sus deudas, a lo que se suma la falta de liquidez o ingresos para cumplir con estas obligaciones. En este sentido, la ley de insolvencia actúa como un salvavidas legal que permite a las empresas en dificultades establecer compromisos de pago con sus acreedores, sin que esto ponga en riesgo su supervivencia.
La justificación de esta ley es que, al estar bien aplicada “puede ser fundamental para facilitar la reestructuración y recuperación de empresas en crisis, contribuyendo así a mitigar los impactos negativos sobre el empleo, el consumo y la inversión, y promoviendo un entorno empresarial más sólido y resiliente en Colombia”.
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Las estadísticas proporcionadas por la Superintendencia de Sociedades revelan un panorama preocupante al cierre del año 2023 en cuanto a los procesos de insolvencia empresarial en Colombia. Según los datos de la entidad, estos procesos, que abarcan desde la reorganización hasta la liquidación, ascendieron a más de 4.000, marcando un incremento significativo no solo con respecto a los tres años anteriores, sino también en comparación con el año 2019, previo al estallido de la pandemia.
De acuerdo con el Atlas de Insolvencia de la Supersociedades, el 71,1% de estos casos correspondían a procesos de reorganización, mientras que el resto se enfocaba en liquidaciones. Esta cifra sugiere que la mayoría de las empresas optan por estos mecanismos para intentar salvarse, negociar acuerdos con sus acreedores e, incluso, buscar una segunda oportunidad mediante la transición de la liquidación a la reorganización, como destacó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.
Los datos anuales recopilados por la Superintendencia reflejan una tendencia de aumento en la cantidad de empresas que se ven obligadas a ingresar a procesos de insolvencia. Se observa que, en 2019, un total de 218 empresas fueron admitidas para iniciar el proceso de liquidación. Sin embargo, esta cifra experimentó un descenso significativo en el año siguiente, alcanzando 175 empresas en situación de insolvencia.
En 2022, se registró un repunte con 186 empresas admitidas en procesos de insolvencia. Aún más preocupante es el hecho de que para el año 2023, la cifra aumentó nuevamente, esta vez a 211 empresas, lo que indica un aumento constante en la presión sobre el sector empresarial colombiano.
El año pasado, el número de empresas que buscaron protección alcanzó un máximo histórico de 1420, representando un aumento del 16,5% en comparación con el año anterior.
Bogotá, como centro industrial y motor económico del país, lidera la lista de procesos de insolvencia 2.089 casos, abarcando más de la mitad de los registros totales.
En ese ranking sigue Medellín, con 634, y luego Bucaramanga con 554 casos, entre liquidaciones, peticiones de reorganización y acuerdos en trámite.
Según expertos del sector empresarial, “la creciente cantidad de procesos de insolvencia empresarial representa una seria amenaza para la economía del país en varios frentes”. En primer lugar, el aumento de empresas en situación de crisis o quiebra implica “la pérdida de empleos y la disminución del ingreso de numerosas familias, lo que puede exacerbar la ya existente desigualdad económica y social”.
Además, estos procesos pueden generar un efecto dominó en el tejido empresarial, afectando a proveedores, clientes y otras empresas vinculadas, lo que podría llevar a una contracción generalizada de la actividad económica. Asimismo, la disminución de la confianza de los inversores y consumidores en el mercado podría desencadenar una reducción en la inversión y el consumo, lo que a su vez afectaría el crecimiento económico a largo plazo.