El miércoles 20 de marzo se aprobó en segundo debate el proyecto de ley con el que se busca prohibir los tratamientos de supuesta conversión de personas con una orientación sexual o identidad de género diversa en Colombia, y que de acuerdo con defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, han sido denunciadas por se basan en torturas y vejámenes a quienes se someten a esas aparentes ‘seudoterapias’.
Tras ese avance de esta iniciativa en el Legislativo colombiano, desde la representación diplomática de Estados Unidos en Colombia lo festejaron.
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“Celebramos los esfuerzos actuales en el Congreso de Colombia para poner fin a estas prácticas a través del proyecto de ley Inconvertibles. Los jóvenes y las familias LGBTQI+ merecen la misma dignidad y respeto que cualquier otra familia (sic)”, afirmaron en un hilo que publicaron en la cuenta oficial de la embajada estadounidense en la red social X.
En el mismo explicaron que esos tratamientos afectan a una de cada cinco personas que se identifican como parte del colectivo LGBTIQ+ y que precisamente el jefe de Estado de ese país, Joe Biden, sancionó hace dos años una ley similar que rige en ese territorio norteamericano.
“En junio de 2022, el presidente Biden firmó una Orden Ejecutiva que prohíbe las “terapias de conversión” en EE. UU. y ordenó un plan para promover su prohibición a nivel mundial. Las “terapias de conversión” son esfuerzos sin ningún fundamento científico que pretenden cambiar la orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales de una persona (sic)”, agregaron.
Agregaron desde la embajada aseguraron que esas, aparentes, ‘prácticas terapéuticas’ solo provocan perjuicios en la salud mental de quienes se someten a ellas.
“Estas prácticas pueden causar daños físicos y psiquiátricos importantes y, en algunos casos, pueden llegar a incluir actos de tortura como abuso físico, terapia de electrochoque, violación sexual “correctiva”, y tratamientos pseudo-médicos. De hecho, los jóvenes LGBTQI+ colombianos que han sido expuestos a estas prácticas tienen un 76% más de probabilidades de suicidarse (sic)”, aseveraron.
También desestimaron los contrargumentos con los que se sostiene que una prohibición de esa índole va en contravía al derecho a la pluralidad religiosa, ya que en muchos caso quienes llevan a cabo esas prácticas son de organizaciones confesionales.
“¿Y prohibir estas prácticas puede interferir con la libertad de religión o credo? No, no es cierto. No existe una jerarquía de derechos humanos: ningún derecho es mayor o menor que otros. Esto significa que los derechos humanos de las personas LGBTQI+ y el derecho a la libertad de religión o de creencias no son mutuamente excluyentes ni están en conflicto (sic)”, insistieron.
Finalmente reiteraron que proyectos con los que se garantizan derechos, en especial para comunidades históricamente discriminadas, son de buen recibo para su Gobierno que enarbola esas banderas.
“Los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las personas LGBTQI+, son fundamentales para la política exterior de la Administración Biden-Harris. Como lo dejó claro el presidente Biden en su Memorando presidencial de febrero de 2021 sobre la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo, “todos los seres humanos merecen ser tratados con respeto y dignidad y deben poder vivir sin miedo, sin importar quiénes sean” o a quienes ellos aman (sic)”, concluyeron.
Según explicó el representante a la Cámara por Risaralda Alejandro García, uno de los congresistas que apoya la iniciativa, lo que sigue para que la prohibición de esas aparentes ‘seudoterapias’ se convierta en ley son dos nuevos debates en el Senado, donde si se aprueba pasará a ser sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro.