Contraloría lanzó fuerte alerta por pérdida de recursos públicos en Prosperidad Social

La Contraloría General de la República emitió una advertencia de riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en la ejecución de un programa de Fortalecimiento para el desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat para la inclusión social a nivel nacional, liderado por el Departamento de Prosperidad Social.

Varios son los riesgos detectados en este programa de infraestructura social, orientado a la satisfacción de necesidades de población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, en procura de contribuir a la reducción de la desigualdad.

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De acuerdo con el ente de control fiscal, estarían en riesgo $1,92 billones, cifra soportada en el análisis de 1.301 convenios con entidades territoriales y que hace parte de las conclusiones de un estudio sectorial para evaluar el apoyo financiero, la asistencia técnica y la ejecución presupuestal, en el periodo comprendido en el cuatrienio 2019 a 2022.

• Atención inadecuada e inoportuna a las comunidades con mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, donde se desarrollan los proyectos, impidiendo disminuir la desigualdad, el mejoramiento de la calidad de vida, la competitividad local, generación de empleo e Ingreso.
• Utilización ineficiente e ineficaz de los recursos públicos asignados al proyecto.
• Incremento en los costos de los proyectos, ya que los tiempos de obra triplican los establecidos contractualmente, incumpliendo los principios de la gestión fiscal y la función administrativa, lo que puede generar un detrimento patrimonial.
• No todos los entes territoriales cuentan con rubros en sus presupuestos para el sostenimiento de las obras ejecutadas.
• Fallas en la asistencia técnica que debe prestar Prosperidad Social a las entidades territoriales, lo que genera atrasos en la asignación de los convenios y en la puesta en marcha de las iniciativas.
• Debilidades en la ejecución contractual de los proyectos, muchos de ellos se mantienen aún en ejecución transcurridos más de 6 años desde su inicio, además de las adiciones presupuestales que sobre dichas iniciativas se han adelantado por parte de Prosperidad Social, sin que a la fecha las obras de infraestructura hayan sido entregadas a las comunidades que debían beneficiarse con las mismas.

Dentro de las conclusiones que llevaron a la Contraloría a emitir una advertencia de riesgo en el programa de Prosperidad Social se destacan, con criterios de trascendencia social y alta connotación económica:

1. Incumplimiento en los objetivos de los proyectos: varios proyectos de infraestructura social no cumplen con su objetivo, afectando directamente a las comunidades más vulnerables y pobres del país. Esto se pudo observar en el resultado del análisis de la muestra realizada a 132 convenios, en dónde se evidenció que el tiempo promedio desde la firma del convenio hasta la firma del acta de inicio de obra es 1.8 años, es decir, 22 meses.

De los convenios suscritos entre Prosperidad Social y las Entidades Territoriales, de las vigencias 2016 y 2017, los cuales corresponden a proyectos para ejecutar en municipios categoría 6, la gran mayoría de obras del sector vías y transporte, presentan un tiempo promedio de obra en circunstancias de normalidad de entre 6 a 12 meses, no obstante, lo anterior, después de siete años aún se encuentran en estado de ejecución.

Se trata de proyectos que suman un valor superior a los $475,000 millones, con recursos obligados de cerca de $189,000 millones, sin que los mismos, después de transcurridos más de 72 meses de ejecución, hayan sido entregados al servicio de la comunidad.

2. Inejecución de recursos: para el periodo 2019-2022, el valor del presupuesto inicial fue de $3,7 billones, y el presupuesto final fue de $1,97 billones. Es decir, el proyecto presentó una reducción de $1,73 billones, equivalentes al 46,76%. Al revisar la ejecución presupuestal (avance financiero) del cuatrienio, se observa que $1,06 billones dejaron de invertirse en proyectos de Infraestructura Social para las comunidades más pobres y vulnerables de Colombia.

3. Incremento de costos y retrasos en la ejecución: se ha observado un incremento en los costos de los proyectos debido a retrasos significativos en su ejecución, generando además adiciones presupuestales en los mismos, lo que podría generar un detrimento patrimonial para el Estado.

4. Riesgo de obras abandonadas y obsoletas: el estudio permitió inferir que el 54% de los municipios, no cuentan con rubros presupuestales para el sostenimiento de las obras, circunstancia que genera riesgos que afectan directamente los objetivos planteados en la asignación, ejecución y permanencia del proyecto. El 24% de los municipios indagados manifiestan inconformismo en relación con obras en circunstancia de abandono.

5. Adiciones presupuestales: para los convenios asignados a las entidades territoriales en 2020, 2021 y 2022, se presentaron adiciones presupuestales por cerca de $384,000 millones, que representan el 36% del valor inicial de los mismos, presentándose adiciones en 29 convenios.