No terminan los problemas para el excandidato a la Alcaldía de Medellín y hasta ahora concejal, Juan Carlos Upegui, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pusiera los ojos sobre su campaña electoral, en la que se estarían presentando varias irregularidades.
Según unos documentos revelados por El Espectador y que hacen parte del material probatorio que analiza el CNE actualmente, se examina un crédito superior a los 80 millones de pesos que habría entrado a las arcas de la campaña por cuenta del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien también es el jefe político de Upegui, además de una serie de donaciones por un valor total de 1.096 millones de pesos realizadas por distintas personas y empresas.
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Las millonarias donaciones también estarían encabezadas por los más cercanos del exmandatario local, pues en los libros contables que están en poder del CNE se registra el aporte de 20 millones de pesos por parte de Diana Osorio, esposa de Quintero y prima de Upegui, y una donación de 50 millones de pesos efectuada por Laura Upegui, hermana del ex candidato.
Además, la corporación logró identificar nombres de algunos funcionarios de Quintero, que luego fueron borrados en de las cuentas finales, por lo que el CNE intenta averiguar la razón de su aparición y posterior desaparición de los listados, al tiempo que investiga si dichos funcionarios aportaron económicamente a la campaña de Upegui.
En respuesta a las acusaciones, Daniel Quintero defendió su posición declarando los señalamientos como simples “chismes” y argumentando que el préstamo fue hecho tras su salida del cargo público, y por lo tanto, no constituiría una irregularidad.
“Si cada crédito se vuelve una acusación de irregularidad, habrá que declarar irregular todas las campañas del país”, señaló el exalcalde a El Espectador, enfatizando que su aporte fue legalmente permitido y destinado a cubrir gastos de campaña específicamente para publicidad.
De hecho, el exmandatario aseguró que siempre consultó con el CNE si podía realizar dicho préstamo, asegurando que el dinero que ingresó a la campaña del hoy concejal no se puede considerar como un regalo, pues Upegui deberá regresarlo tan pronto como el Estado haga efectivo el desembolso de la reposición de votos.
“En su momento le pregunté al CNE si como ciudadano podía hacer créditos y me dijeron que sí. La campaña tenía un problema y era que no les alcanzaba el cupo de la tarjeta para pagar pauta publicitaria, entonces, yo les presté ese dinero que deben pagarme con la reposición de votos. Sé con toda seguridad que fue cuando yo ya me había retirado del cargo”, comento el exalcalde al medio citado.
Pero la controversia se extiende también a la contribución de individuos vinculados contractualmente con el gobierno de Quintero. Según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Alejandro Preciado Pérez, Mariana Villa Restrepo y Daniela Carreño Sánchez, quienes donaron cantidades que suman 12 millones de pesos, habían firmado contratos con instituciones públicas durante la gestión de Quintero, lo que podría indicar un posible conflicto de interés si se demuestra que los fondos provenían de recursos públicos.
Frente a los cuestionamientos sobre la legalidad de su candidatura, Upegui aseguró que su campaña cumplió con todas las obligaciones contables y normativas antes de finalizar el 2023, y que está en espera de un veredicto favorable por parte del Consejo de Estado, tras apelar una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que le retiraba su investidura como concejal.
“La campaña entregó toda la información contable en regla y en los tiempos que establece la ley”, afirmó Upegui, quien además no descarta buscar apoyo en instancias internacionales para defender su posición.