El abogado Iván Cancino, que representa a Marelbys Meza, señaló que su cliente decidió renunciar al programa de protección de testigos. Aparentemente se habría presentado persecución en su contra por parte de los mismos funcionarios encargados de protegerla.
“He sido comunicado hoy, por MARELBYS MEZA que ha renunciado al programa de protección de víctimas y testigos debido a persecución sufrida por algunos funcionarios del mismo. Su vida en constante peligro”, advirtió el defensor a través de sus redes sociales.
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Meza es la protagonista de un escándalo en el Gobierno de Gustavo Petro. Ella denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo por parte de miembros de la protección del presidente, luego de que se produjera un robo en la vivienda de Laura Sarabia, para quien trabajaba como niñera.
El teléfono de Meza también fue intervenido ilegalmente días después, al incluir su teléfono celular dentro de una investigación contra de organizaciones criminales en Chocó. Caso por el que fue imputado un uniformado de la Policía y un civil.
Según el abogado Cancino, a raíz de las denuncias de Meza, se evaluó su perfil de riesgo calificándolo como alto y extraordinario. Por eso fue incluida en el Programa de Protección de Testigos, bajo un estricto sistema que le impedía incluso tener contacto con su familia.
El defensor explicó a El Tiempo que, debido a las medidas de seguridad, ella no podía ni siquiera hablar por teléfono con él o sus familiares, todo debía hacerlo a través del programa de protección. Para encontrarse con su cliente, tenía que pedir cita cinco días antes y citarse en las instalaciones de la Fiscalía o en un lugar que no representara una amenaza para Meza.
El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de la advertencia de Cancino sobre la decisión de su cliente y el riesgo para su seguridad. “Daremos toda la protección a Marelbys Meza”, señaló el mandatario a través de su cuenta de la red social X.
El abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, también se pronunció y calificó como grave la denuncia del defensor de la exniñera. “La @FiscaliaCol debe investigar que funcionarios al interior están presionando a Marelbys Mesa y brindar todas las garantías para su seguridad e integridad. Expresamente solicitaremos a @PGN_COL y @UNPColombia las medidas en su favor”, señaló.
La decisión de Meza se produce en la misma semana en que Armando Benedetti, para quien trabajó antes de ser contratada Sarabia, volvió formalmente al Gobierno nacional como embajador ante la FAO. Él fue el último funcionario que habló con la exniñera antes de que hiciera públicas las denuncias por las investigaciones de las que fue objeto.
Así mismo, su renuncia al programa de protección se realizó paralelamente con nuevas imputaciones dentro del caso. Se trata de la formulación de cargos que realizó la Fiscalía en contra del subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante y el particular Rafael Ricardo Santos Fuentes, por la interceptación del teléfono celular de Meza.
Según la teoría del ente acusador, el subintendente Gómez y Santos “actuaron en común acuerdo y suministraron declaraciones espurias con las que pretendieron inducir en error a funcionarios judiciales, en relación con las circunstancias que conllevaron a la orden de interceptación telefónica sobre los teléfonos que usaban Marelbys Meza y a un amigo de ella”.
Ambos habrían dicho haberse reunido en las instalaciones de la Sijín para recaudar información sobre la desaparición de los dineros en la casa de Sarabia. Sin embargo, la Fiscalía dice tener suficientes para demostrar que el encuentro no se realizó.
Con base en esa supuesta reunión, se produjo un informe por parte de otros uniformados, para que la fiscal Seccional contra la Corrupción que llevaba la investigación sobre el hurto autorizara la intervención del teléfono. Pero no fue posible hacerlo sino a través de abonado celular, porque para entonces la línea ya estaba chuzada en medio de un proceso contra organizaciones criminales de Chocó.
Según la Fiscalía, la inducción al engaño de los fiscales se habría dado para desviar la investigación que se llevaba contra miembros de la Policía Nacional por la interceptación, aparentemente ilegal, del teléfono de Meza y otras personas.