La negociación del salario mínimo en Colombia para el 2024 podría decirse que está en punto muerto, toda vez que las asociaciones sindicales y gremios de empresarios no han logrado, hasta el momento, un acuerdo sobre el incremento que deberá regir para el año entrante.
La propuesta que está sobre la mesa no ha logrado un consenso entre las partes involucradas, que el martes 26 de diciembre —a cuatro días de la fecha límite— siguen en intensos diálogos.
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Mientras los sindicatos se inclinaron por un aumento del 18%, la iniciativa no ha sido bien recibida por las asociaciones gremiales, que sugieren que cualquier incremento debe estar alineado con la tasa de inflación.
La mesa de concertación tiene como fecha límite el 30 de diciembre para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, el Gobierno nacional determinará el incremento por decreto; contrario a lo que aconteció hace un año, cuando se estableció un 16%.
El plazo está definido por la Ley 278 de 1996, lo que representa toda una carrera contrarreloj para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente de la República, Gustavo Petro, que han apostado a un incremento producto de una negociación conjunta y no una imposición. La necesidad de definir un salario que equilibre las necesidades de los trabajadores con la estabilidad económica del país se gesta en medio de un ambiente de incertidumbre.
Aunque solo las agrupaciones obreras han propuesto una cifra concreta, los empresarios no han presentado una contraoferta, y se han limitado a señalar que el aumento debe reflejar el cierre de la inflación anual, que aún no se ha establecido. Este enfoque ha sido la norma en años anteriores, en la que el salario mínimo ha sido ajustado en congruencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un punto porcentual por encima de este importante indicador de la economía colombiana.
Lo que opinan los empresarios
Sobre el particular, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), enfatizó la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en vista de las condiciones económicas desafiantes que ha enfrentado Colombia. A su juicio, si bien los hogares colombianos han vivido una situación dura en términos de inflación y tasa de interés, el desempleo no ha cedido suficientemente todavía como para pensar en un aumento de estas proporciones.
Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha advertido que un incremento del salario mínimo en línea con la propuesta sindical podría causar un aumento desmesurado de precios y ralentizar —en sus términos— la flexibilización de la política monetaria. Lo que desde su perspectiva influiría en las condiciones de crédito y en la capacidad de consumo de las familias colombianas. Una tendencia que se mantendría hasta la segunda mitad de 2024.
“La decisión del aumento del salario mínimo podría presionar los precios al alza y auguran una senda de relajación de política monetaria más lenta de lo esperado. Eso, sin duda, mantendrá caras las condiciones de crédito y limitará la capacidad de consumo de los hogares”, destacó la asociación, que agrupa a los bancos del país. En la actualidad, el salario mínimo es de $ 1.160.000, más $140.000 del subsidio de transporte, para un total de $1.300.000.
Enojo en la CGT por no hacer parte de la mesa de negociación
Entretanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) dejó en claro su inconformidad por no haber sido convocada a la mesa de negociaciones y cuestionó la exclusión de la organización, que vela por los intereses de una gran parte de la población trabajadora. En un comunicado de prensa dejaron en claro que el aumento del salario mínimo en 2024 debería efectuarse con la misma fórmula de 2023, en la que se dispuso de un 3% adicional al IPC.
“Seguimos insistiendo en la importancia de generación de empleo y vemos la necesidad de estímulos para las empresas que generen empleo, especialmente a jóvenes y mujeres, en el control de precios de la canasta familiar y de tarifas, multas, entre otros”, expresó la organización sindical, que recalcó que es necesario mantener el poder adquisitivo de los colombianos.