Ministro Ricardo Bonilla explica que el proyecto de ley no es para incrementar el predial: “Al contrario”

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es la actualización del catastro multipropósito, pero eso genera aumentos desmedidos en el impuesto predial. El proyecto de ley busca reducir ese efecto

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el proyecto de ley busca ponerle un tope al aumento del impuesto predial tras el avalúo catastral - crédito Colprensa.

El jueves 9 de noviembre el Ministerio de Hacienda radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para establecer topes máximos al impuesto predial, que recae sobre la propiedad inmueble solo por su existencia.

Con este proyecto, el Gobierno de Gustavo Petro espera poner un límite al excesivo aumento del impuesto que han denunciado algunos propietarios a los que se les ha realizado recientemente el avalúo catastral.

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Uno de los objetivos del Gobierno de Gustavo Petro es la actualización del catastro multipropósito, algo que no se realiza desde hace 15 o 20 años, pero que debe hacerse cada cinco. Pero al actualizar el catastro, los propietarios han visto aumento en su predial de hasta el 1.000%.

Por eso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó en una entrevista con el diario El Tiempo que lo que busca el proyecto es ponerle un límite al aumento del predial en los lugares donde se realice el avalúo catastral.

“El proyecto no es para incrementar el predial, esto es una potestad de los concejos municipales. Al contrario, lo que se busca es poner topes para que en los lugares en los que se actualice el avalúo no se dispare posteriormente el impuesto, como ya ha ocurrido”, indicó el jefe de cartera en su entrevista.

Explicó además que “el municipio no podría cobrar más allá del 50%, por ejemplo, en los predios de menos de 135 salarios mínimos; más de 200% en el caso de entre 350 y 500 salarios; o más allá de 300 por ciento si el avalúo de su predio es superior a 500 salarios. Hoy, como están las cosas, las personas pueden llegar a pagar hasta el 1.000%”.

De tal manera que el proyecto de ley solo tendría efecto en los lugares en donde el avalúo catastral no se haya actualizado, por lo que, en las grandes ciudades, donde el catastro sí se actualiza regularmente, como en Bogotá o Medellín, no cambiarían mucho las cosas.

“Lo que proponemos tiene poco impacto para las grandes ciudades porque ya están actualizadas. Nos referimos a los lugares en los que el avalúo catastral es hoy en día del 10 o del 15% de su valor comercial, mientras que en Bogotá llega a entre el 60 o el 75%. No tendría casi impacto, solo de manera excepcional”, le dijo a El Tiempo.

El proyecto de ley del Gobierno nacional busca que no se aumente desmedidamente el impuesto predial con la actualización del catastro - crédito Infobae.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, le explicó a Infobae Colombia que tal proyecto de ley no es una iniciativa particular del Gobierno, sino que corresponde al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2023-2027.

“Este artículo del Plan de Desarrollo anunciaba previamente este proyecto de ley que se acaba de radicar, que permitiría poner límites al crecimiento del impuesto predial unificado derivado del reajuste del avalúo catastral”, explicó el profesor.

Añadió que actualmente hay varios municipios actualizando su avalúo catastral porque hay un “rezago muy grande” sobre todo en las zonas rurales. “Cuando se realiza la actualización de un predio avaluado en una suma irrisoria, pasa a tener un avalúo cercano a su valor comercial, como tiene que ser lo correcto”.

Los predios rurales son los más rezagados en la actualización del catastro - crédito Carlos Sierra

Frente al miedo que se ha generado en la opinión pública por un supuesto aumento del impuesto predial, el profesor Amorocho dijo que es deber del Gobierno nacional “tener una labor de más socialización de sus proyectos de ley porque indiscutiblemente el país no tiene cultura tributaria y en ese sentido se están dando muchísimas informaciones que no corresponden”.

“Creo que la dificultad surge porque el Gobierno no socializa adecuadamente sus proyectos y no realiza un trabajo efectivo para difundir y conciliar con las otras ramas del poder público. Esta falta de comunicación puede generar desinformación. Incluso un proyecto con buenas intenciones puede ser malinterpretado debido a esta falta de claridad”, finalizó el académico.

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