La reforma a la salud es uno de los proyectos bandera de la actual administración nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de transformar de manera total el sistema de salud y la forma que son atendidos los colombianos para acceder a los servicios de urgencias, exámenes, medicamentos, entre otros.
Es por eso que el proyecto ha sido blanco de críticas desde casi todas las orillas políticas que hay en Colombia, las cuales consideran que la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional acabaría con las EPS, principales prestadoras de servicios de salud de Colombia.
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En las últimas semanas, el debate del proyecto en el Congreso se ha puesto cada vez más difícil, debido a que algunas bancadas como las del Centro Democrático o del partido Cambio Radical, cada vez que se abre la votación para discutir sobre el proyecto de la reforma de salud, se salen del recinto, lo que hace que se rompa el cuórum necesario para ese proceso. Lo anterior se deriva en el aplazamiento del mismo.
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Por ello, en los últimos los debates, uno de los temas que más preocupa a los parlamentarios es la seguridad fiscal de este proyecto, pues el Gobierno aún no ha expuesto cuánto costará reformar todo el sistema de salud y cuánto pesará esto en el bolsillo de los colombianos.
Tanto así que congresistas, entre las que se encuentra Catherine Juvinao, han asegurado de manera permanente en los debates que esta discusión no se debería dar si aún no existe un concepto fiscal del Ministerio de Hacienda sobre cuánto les costará a los colombianos.
Esto ha hecho que diferentes gremios asociados a la salud, principalmente aquellos relacionados de manera directa con las EPS, las cuales han tenido grandes pérdidas económicas y han reportado poca estabilidad financiera, manifiesten preocupación si se llegara a aprobar la reforma de la salud propuesta por el gobierno de Petro.
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Por eso, recientemente, la coalición que agrupa a diferentes organizaciones de salud y económicas, Aliadas, hizo un llamado de atención urgente al Gobierno con el fin de sentarse a dialogar y abordar la situación política que pondría en peligro la salud de millones de colombianos.
La organización Aliadas asegura que el principal problema de la reforma de la salud y el actual sistema de salud colombiano es la escasez de recursos. De acuerdo a los cálculos realizados por la organización mencionada, la deuda acumulada es de unos 1,67 billones de pesos, lo que ha provocado una mora de cuatro meses, afectando directamente el flujo de recursos y la atención médica de los colombianos.
Lo anterior tiene lugar porque los recursos económicos que se destinan a cada paciente a través de la Unidad de Pago de Captación registra un desfase que no garantiza la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud actual.
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“Por cada 100 pesos que las EPS recibieron en el 2022, se gastaron 103 pesos. Pese a que es una de las cifras más bajas en comparación de otros sistemas de salud de América Latina, la insuficiencia en la fuente de financiación y el desequilibrio que hay entre ingresos y gastos, esto hace que las EPS acumulen pasivos, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones financieras”, aseguró Aliadas a la revista Semana.
También explicaron que las EPS tienen cuentas por cobrar al Estado colombiano por el orden de los 2,97 billones de pesos, en parte por los recobros no incluidos en el plan de beneficios, cuyo trámite lleva años en proceso, lo cual tiene un impacto negativo en las finanzas de las EPS.