El 3 de noviembre, la primera dama, Verónica Alcocer, y el exviceministro de Defensa el general (r) Ricardo Díaz estaban citados en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para conciliar, luego de que la defensa de la esposa del presidente Gustavo Petro instaurara acciones legales en contra del general por las declaraciones que dio en un medio de comunicación sobre un presunto interés de la primera dama en la compra de helicópteros que adelantaba el Ministerio de Defensa. Las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que podría venirse una demanda formal en contra del general (r) Díaz.
En la audiencia, según reveló el abogado Mauricio Pava, apoderado de la primera dama, la defensa del general (r) Díaz aceptó que a este no le constaban las afirmaciones hechas en contra de Alcocer sobre un interés indebido en la compra de las aeronaves y que, de hecho, no las creyó.
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En El Tiempo citan la constancia que dejó el apoderado del general (r) Díaz:
En vista de que no se llegó a una conciliación, pues la primera dama pedía, además de una retractación pública, una compensación económica —que debía ser pagada a una fundación social—, el abogado de Alcocer advirtió que estudiarán las posibles acciones civiles a instaurar en contra del general (r) Díaz.
“Nadie está autorizado para hablar en mi nombre”, Verónica Alcocer
El abogado Pava, en el comunicado que publicó en X (antes Twitter) advirtió que la primera dama, durante la audiencia de conciliación y como lo hizo en redes sociales, “dejó muy en claro que nadie puede hablar en su nombre, que no tiene intermediarios y que rechaza cualquier mención suya para gestiones en dependencias oficiales”.
La primera dama, también en X, pero horas antes se pronunció sobre la audiencia de conciliación y, además de advertir que acude a la justicia “restaurativa en busca de verdad y reparación” y de señalar que esperaba que el general se retractara, anunció que “ante cualquier injuria y calumnia, venga de donde venga, continuaré exigiendo que se respeten todos mis derechos (en especial al buen nombre) en donde fuere necesario y para ello utilizaré todos los instrumentos que me brinda la Constitución y la ley”.
Y recalcó que “nadie está autorizado para hablar en mi nombre. Con mi equipo jurídico exigiré respeto por mis derechos y autonomía, y desautorizo cualquier gestión indebida, a nombre mío, ante el Estado, el Gobierno y la administración pública”.
Las declaraciones que tienen enfrentados al general (r) Díaz y a la primera dama
Todo comenzó cuando el general (r) Ricardo Díaz, en una entrevista con Semana, dijera que un coronel, también retirado, de nombre Eduardo Mejía lo llamó para ofrecerle $700 millones a para influir en una negociación en la que, supuestamente, la primera dama tenía intereses: