Con el objetivo de garantizar unas elecciones regionales transparentes, el Ejército Nacional puso en marcha la Operación Ojo de Búho, con la que se busca hacer frente a la trashumancia, un delito electoral que también han tratado de mitigar la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el Ejército, la operación en cuestión está integrada por uniformados y funcionarios de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sus acciones son implementadas en el departamento de Arauca y en la frontera con Venezuela.
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La trashumancia es definida por el CNE de la siguiente manera: “Es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas”.
En efecto, el Código Penal Colombiano establece una pena de cuatro a nueve años de prisión y el pago de una multa de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes, por cualquier medio, logren que personas que están habilitadas para votar inscriban su cédula en un territorio diferente a donde nacieron o en el que residen actualmente.
Esto quiere decir que está prohibido votar en una localidad, distrito o municipio diferente a donde ya se tiene registrada la cédula, a menos de que se cambie de residencia y se inscriba el documento de identidad en los plazos estipulados por la Registraduría, antes de que se lleven cabo los procesos electorales.
El tipo penal especifica que se puede incurrir en este tipo penal si, “con el propósito de obtener ventaja”, se logra la inscripción de cédulas en sitios no correspondientes para que los sufragantes voten en procesos de elección popular, plebiscitos, referendos, consultas populares o revocatorias de mandato.
“En igual pena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para terceros. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”, añade el Código Penal Colombiano.
En ese sentido, la labor del Ejército se centrará en prevenir el traslado de votantes de un punto a otro con la intención de que ejerzan su derecho al voto en un territorio que no les corresponde. Para lograr el objetivo, los uniformados llevarán a cabo acciones de patrullaje en todo el territorio nacional, harán controles de identidad y ejecutarán otras acciones adicionales para prevenir la comisión del delito y que el certamen electoral pueda adelantarse con toda transparencia y seguridad.
“La operación Ojo de Búho es un claro mensaje de compromiso por parte de las instituciones involucradas para garantizar elecciones libres y justas en el departamento de Arauca. A través de esta acción articulada, se busca fortalecer la democracia y proteger la voluntad popular, brindando a los ciudadanos la confianza y seguridad necesarios para ejercer su derecho al voto”, explicó el Ejército en el comunicado.
Las acciones preventivas de la Procuraduría y el CNE
La PGN adelantó más de 3.600 visitas para verificar que los datos de residencia electoral de los posibles votantes hubieran sido actualizados. Los casos en los que se encontraron irregularidades fueron enviados al CNE con el objetivo de que feuran comprobados y se adelantaran las acciones pertinentes.
En consecuencia, 725.861 ciudadanos quedaron “sin efecto de inscripción” de sus documentos de identidad por orden del Consejo, por lo que no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones regionales del 29 de octubre.