El Gobierno nacional firmó el Decreto 1649 de 2023, a través del cual reglamentará el Programa Nacional Jóvenes en Paz, que beneficiará a 100.000 personas entre los 14 y 28 años que pueden recibir $1 millón hasta por 12 meses.
El objetivo principal de la norma, cuya implementación estará a cargo del Ministerio de Igualdad, es que los jóvenes beneficiarios del programa no incurran en causales de vinculación con dinámicas de criminalidad.
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Al respecto del anuncio del Gobierno, la senadora de la oposición María Fernanda Cabal publicó un video en su red social X (antes Twitter), en el que criticó la iniciativa:
“(...) cuando lo empezamos a leer nos damos cuenta de que esto está diseñado exactamente para la primera línea y, seguramente para las guardias campesinas, o sea, para la milicianización”, dijo.
Seguido, leyó el artículo primero del decreto, el cual establece el objeto de la norma y señala que su finalidad es implementar una ruta de atención integral para los y las jóvenes que puedan acceder al beneficio.
Dentro de esta población a la que alude el decreto, están aquellos jóvenes “en condición de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad, jóvenes rurales, en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad, en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos”.
Al respecto, la congresista del Centro Democrático señaló que: “esta caracterización difusa hace que todos los beneficiarios sean, precisamente, los vinculados a dinámicas de criminalidad, o sea delincuentes, o con riesgo de vincularse, que puede ser alguien que ya está delinquiendo y no ha sido judicializado, porque usted cómo puede definir si ya lo hizo o no”:
Procedió a leer el artículo sexto, el cual habla de la orientación sociojurídica con la que contarán los jóvenes beneficiarios del programa:
“Los y las jóvenes beneficiarios del programa podrán contar con orientación jurídica en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten, promoviendo con dicha atención que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”.
Sobre esta disposición, Cabal comentó en tono sarcástico: “Que bien. Les van a poner abogaditos a los delincuentes. ¿No los tienen ya? ¿No está la Defensoría del Pueblo? Hay algunos que tienen abogados aparentemente de oficio, pero que en realidad están patrocinados por los mismos que patrocinaron la destrucción de la primera línea en las distintas ciudades y pueblos de Colombia”.
Agregó: “Entonces, ya no es ‘ser pilo paga’, ahora es ‘ser pillo paga’” y criticó el subsidio del Gobierno cuestionando el destino de los recursos en manos de los jóvenes beneficiarios:
“¿Qué va a hacer un miliciano con un millón de pesos?¿Se va a reincorporar a la sociedad o va a comprar una mejor arma? ¿O va a comprar más droga de la que vendió hoy? Obviamente, el criminal hace más daño cuando tiene auspicio económico”.
Finalmente, Cabal hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro señalando lo que, según ella, debe hacer para ayudar a los jóvenes que quieren alejarse de la delincuencia:
“Si quiere ayudar a los jóvenes, el Gobierno de Petro tiene que pensar en sentido común. El joven quiere un trabajo para comer y estudiar y accesibilidad al estudio a través de la oferta pública y también privada”.
“El primer mundo ocupa a los muchachos que tienen ideas maravillosas, aquí no. Aquí hay que pagarle al bandido”, sentenció María Fernanda Cabal.