El cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco, entró en rigor a partir del 17 de octubre de 2023 y tendrá vigencia hasta el 15 de enero de 2024. El 18 de octubre, se conoció el documento con instrucciones que el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, envío a los generales y almirantes de la fuerza pública y a las tropas para aclarar cuáles son los compromisos y deberes de ambas partes durante el cese al fuego.
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En el documento, el general Giraldo le precisó a los altos mandos y a la tropa que “la suspensión de operaciones militares ofensivas se realizará sin perjuicio del cumplimiento de la obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional”.
También ordenó que el cada comandante militar en los territorios en los el Estado Mayor Central tenga injerencia, debe identificar, graficar y georreferenciar las estructuras de las disidencias y que no podrán “usar la información recolectada por las partes como ventaja militar y mantener, en todo momento, un lenguaje respetuoso y centrado en los intereses de la paz total”.
Y advirtió que en caso de que el Estado Mayor Central llegue a vulnerar los derechos de la población civil, las tropas deben actuar e informar inmediatamente a sus superiores e interponer las denuncias correspondientes.
Otra de las instrucciones que el general Giraldo le dio a los comandantes de las distintas unidades y brigadas de las Fuerzas Militares fue que deben “designar los delegados nacionales, regionales y locales necesarios para las instancias del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Y no obstaculizar las labores del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación”.
También pidió continuar las operaciones militares en todo el territorio nacional contra la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
Y advirtió que la “inacción de las Fuerzas Militares puede implicar el incumplimiento de su misión Constitucional y de las obligaciones derivadas de su posición de garante, que devienen de los fines esenciales del Estado”.
Así mismo, ordenó que las tropas deben “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP, que hacen parte del Acuerdo para el Respeto a la Población Civil y la implementación del Cese al Fuego Bilateral”, por lo que no podrán “restringir el flujo y suministro normal de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP”.
Sobre las órdenes de captura vigentes en contra de integrantes del Estado Mayor Central, el general Giraldo señaló que “se debe dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes ordenadas por la autoridad competente, o hasta que ella misma las suspenda. En el mismo sentido, se debe informar la situación que se presente, a la subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y al Comando Conjunto Estratégico de Transición”.
El general Giraldo, en el documento que cita El Tiempo, advierte el impacto territorial del cese al fuego, que explicó “se entenderá como la realización de acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental”, advirtiendo que la materialización de los acuerdos parciales empezarán en la cuenca del “Río Micay y posteriormente en otras regiones en donde sesionará la Mesa de Diálogos de Paz”.
De acuerdo con información de El Tiempo, una fuente del Ejército precisó que “la operación Trueno sobre el cañón de Micay se mantiene con la presencia de los uniformados, pero que se desarrollará un piloto con la entrada del Estado con carreteras, educación, salud y demás ítems en el área”.