El 17 de octubre de 2023, el Partido Comunes, conformado por exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, radicarán un proyecto de ley orientado a la regulación del trabajo sexual en Colombia. La iniciativa, llamada “El trabajo sexual es trabajo”, fue criticada por Mary Luz López Henao, víctima de secuestro por parte del entonces grupo armado y sobreviviente de explotación sexual.
“Para mí es revictimizante ver que se esté lanzando, o tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida, entonces es como una cachetada a mi historia de vida”, señaló Lo´pez Henao en el programa Mañanas Blu, explicando que llegó a la prostitución como consecuencia del secuestro. Ahora hace parte del macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, denominado Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP.
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Su historia de vida a manos de la extinta guerrilla y la explotación sexual de la que fue víctima quedó plasmada en su libro “La guerra me hizo puta”. Asegura que esas experiencias violentas parecen estar siendo desconocidas e ignoradas por el partido político al apoyar el proyecto de ley.
“Es como decirme a mí: ‘no nos importó lo que te pasó ni a ti ni a miles de mujeres’”, expresó la escritora al medio citado. Afirmó que la prostitución no puede ser romantizada, ya que muchas mujeres han tenido que llegar a ella por la guerra y la violencia.
López explicó que muchas de las víctimas, que todavía no han podido perdonar los crímenes que se cometieron en contra de ellas, apoyaron el proceso de paz que adelantó el expresidente Juan Manuel Santos con las Farc en 2016. El acuerdo logrado entre el extinto grupo armado y el Gobierno nacional permitió que varios excombatientes tuvieran una oportunidad política y, así, consiguieron un puesto en el Congreso de la República, desde donde ahora esperan promover este polémico proyecto de ley.
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Estando en el macrocaso 01 de la JEP y no en el 11, referente a violencias basadas en género, violencia sexual y reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio en el conflicto armado, ha pedido en reiteradas ocasiones a la jurisdicción que los exintegrantes de las Farc aporten a la verdad sobre este tipo de casos. No obstante, aseguró que no ha sido escuchada en su solicitud.
“Es inviable legalmente dignificar la prostitución como trabajo, es ilógico”, dijo en entrevista con la emisora. Además, cuestionó la manera en que el Congreso identificaría a las mujeres que ejercen la prostitución de manera autónoma y libre de aquellas que lo hacen por obligación.
Indicó que no se puede encasillar a todas las mujeres que ejercen la prostitución como trabajadoras sexuales. Sostuvo que un estudio llevado a cabo en Bogotá evidenció que solo el 11% de las mujeres que ofrecen actividades sexuales a cambio de dinero lo hacen porque les gusta, mientas que el gran porcentaje faltante no.
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“Tampoco tienen en cuenta que muchas mujeres en prostitución tiene discapacidad social, mental, cognitiva, alcoholismo, drogadicción, en conflicto armado y violencia extrema”, aseguró. De hecho, López es una persona con discapacidad cognitiva y esa condición ha tornado más complejo el proceso para sanar las heridas que le dejó la violencia sexual de la que fue víctima.
“No pueden apoyar algo que nos revictimiza a muchas víctimas del conflicto como consecuencia de lo que ellos hicieron, de su actuar”, señaló. Asimismo, explicó que este tipo de iniciativa no funcionaría para reducir las violencias que se ejercen contra las mujeres en escenarios de prostitución, sea en la legalidad o en la ilegalidad, hasta que el Gobierno nacional ejecute acciones “reales” sobre las violencias que en general sufren las mujeres.