En un edificio de siete pisos, situado en la localidad de Chapinero (Bogotá), lo que parecía ser un call center ordinario con más de 300 operadores, reveló una realidad impactante. En una operación liderada por la Policía Judicial, Dijín, las autoridades desarticularon una red criminal dedicada a los préstamos “gota a gota” realizados de manera virtual. El Centro Cibernético de la Policía jugó un papel crucial en desentrañar las actividades de esta organización delictiva.
Esta red operaba en el ámbito de préstamos “gota a gota” a través de Internet, redes sociales y aplicaciones. Sin embargo, lo que hacía aún más aterradora esta operación era su enfoque en la extorsión y el uso de amenazas para garantizar los pagos. Durante un periodo de 16 meses, los investigadores de la Dijín se dedicaron a la identificación de los miembros de este grupo.
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La red comenzó como una empresa en 2019, pero con el tiempo se ramificó en 14 compañías ficticias, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y centros de llamadas. Una vez legalmente establecidas, estas empresas crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos y establecieron cuentas en redes sociales en lugares que iban desde Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México para publicitar sus aplicaciones de préstamos “fáciles y rápidos”, según la Dijín
La organización tenía una líder, una joven mujer de nacionalidad china conocida como ‘Celeste’, quien llegó a Colombia hace siete años. La operación de la policía finalizó con la captura de esta ciudadana extranjera y otras ocho personas en Bogotá, y se solicitó la colaboración de Interpol para localizar a tres individuos que también están relacionados con la banda criminal, pero se encuentra en el extranjero.
Además de operar en Colombia, esta red criminal tenía tanto alcance que se extendían a nivel internacional, afectando a países como Guatemala, Argentina, México, China. A través de los préstamos “gota a gota” virtuales, esta organización perjudicó alrededor de 1.365 personas, todas las cuales presentaron denuncias por las amenazas y extorsiones que sufrieron.
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La red criminal no solo operaba de manera sigilosa, sino que también aplicaba tasas de interés extraordinariamente altas. Los miembros de la organización establecieron cuentas bancarias asociadas a empresas ficticias para recibir y enviar dinero a las víctimas. Los primeros cobros se realizaban entre los 5 y 10 días de cada mes, llegando a tasas de interés que superaban ampliamente lo autorizado por la ley, alcanzando hasta el 60%.
Cuando las personas no podían pagar, la organización ofrecía la refinanciación a través de las mismas aplicaciones. Si aun así no recibían los pagos, accedían a los datos personales de las víctimas para llevar a cabo amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales. El dinero recolectado se distribuía entre las empresas ficticias para lavar activos y enviarlos al extranjero.
La investigación contó con la participación de expertos contables y en informática forense, lo que permitió la aplicación de medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles con un valor superior a los 2.000 millones de pesos. Esta red operaba a gran escala; se estima que en el call center allanado trabajaban más de 500 personas. También mantenían una oficina internacional para realizar cobros en el extranjero bajo la misma modalidad utilizada en Colombia.
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Las personas involucradas en esta red criminal enfrentan una serie de cargos, que incluyen acceso y abuso a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.