El experto de las Naciones Unidas para la justicia transicional, Fabián Salvioli, dio su balance después de permanecer 10 días en nuestro país. Allí planteó que encontró muchos reparos y además le hizo críticas a la implementación de los acuerdos de paz en el país.
“Las garantías de no repetición en Colombia se vinculan de lleno a la implementación de las pautas definidas en el Acuerdo de Paz de 2016 y en normativas previas, y revisten numerosas aristas de urgente atención en el país”, indicó el funcionario de la ONU.
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Y agregó que “la insuficiente implementación de aspectos esenciales para la no repetición, contenidos en dicha normativa, está generando graves violaciones de derechos humanos a víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas, personas defensoras de derechos humanos, así como de excombatientes”.
El delegado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Fabián Salvioli, además, indicó que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es “ambicioso”; sin embargo, este no ha satisfecho las diferentes necesidades de las víctimas que dejó el conflicto armado con la extinta guerrilla de las Farc.
Del mismo, modo Salvioli, hizo fuertes críticas a las deficiencias que se presentan por la falta de articulación entre instituciones estatales, representando, un gran obstáculo en la implementación de los Acuerdos de Paz y los respectivos llamados de las víctimas.
El funcionario también se refirió a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha significado un importante avance para la justicia, pero que existen reparos con las sanciones que podría imponer. Del mismo modo. las víctimas le hicieron saber al organismo internacional que hasta la fecha las medidas para restaurarlos “no representan justicia ni reparación adecuada para ellas”, ya que en diversas ocasiones solamente se tienen en cuenta las propuestas quienes comparecen ante la JEP y no las de las víctimas.
Así mismo, el balance hecho por las Naciones Unidas también manifiesta que persisten “exiguos avances” desde la Fiscalía General de la Nación frente a quienes perpetraron serias violaciones a los derechos humanos, a esto se le suman los escasos intercambios de información que se tienen con la justicia transicional. “Dicha inacción también genera importantes retrasos en la búsqueda de personas desaparecidas”, aseguró el relator de la ONU.
Por su parte, también se refirió a las indemnizaciones para las víctimas, anotando que estas son entregadas con “excesiva lentitud”, por la “insuficiencia de recursos, deficiente articulación institucional y existencia de trabas burocráticas”.
Y enfatiza que la misma burocracia existe en el momento en que alguien desee registrarse como víctima, ya que la ley tiene como requisito que la persona se presente máximo tres años después de que haya sucedido el hecho de violencia. Lo que claramente es un “límite injusto para quienes, por razones del conflicto, no pudieron radicar su denuncia con anterioridad”.
Para el funcionario otra de las falencias que pudo observar en su visita al país, es que hasta el momento es inexistente una política nacional de memoria, sino que por el contrario hay algunas instituciones que no logran articularse de manera adecuada, además de un Museo de Memoria que aún está por construirse. Ante esas declaraciones, el mismo relator se dio a la tarea de recoger declaraciones de víctimas que retiraron los informes que previamente enviaron al Centro Nacional de Memoria Histórica, puesto que el exdirector de la entidad, Darío Acevedo, siempre mantuvo una postura en la que se negaba el conflicto armado.
Otra de las apreciaciones del Salvioli fue por la Comisión de la Verdad, en la que resaltó que en diferentes zonas del país es complicado acceder a sus hallazgos, algo que es importante para comprender el conflicto y buscar alternativas para que esto no se repita nuevamente. A raíz de esta situación, se hizo la recomendación de que la fuerza pública fuera reformada para que tuviera un mejor enfoque en materia de derechos humanos, sin embargo, esta medida continúa pendiente.
Entre tanto, el funcionario reconoció que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado presentar diversos cambios para las Fuerzas Armadas, en los que se ha implementado la formación en derechos humanos. No obstante, “no tengo información sobre la existencia de una política de reforma global de las estructuras, normas y mecanismos de control”, afirmó y se mostró preocupado por la no concreción de la idea que se tiene desde el Ejecutivo de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa o la de modificar varios puntos de la justicia penal militar.