El país podría enfrentar un serio problema de desabastecimiento energético que culminaría en un apagón real, alertó el vicecontralor Carlos Mari Zuluaga. La Contraloría General de la República está realizando un estudio para identificar los problemas existentes en las empresas comercializadoras, debido a la deuda del Gobierno con algunas electrificadoras centrales y regionales.
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La entidad muestra una alta preocupación por el sector eléctrico. Aspectos como la situación monetaria, la liquidez de las empresas comercializadoras y los incrementos tarifarios son los casos más relevantes en investigación.
Otro factor que ha alertado a los analistas es el precio en ascenso por kilovatio hora, que en septiembre superó los 1.000 pesos, impactando así las tarifas eléctricas.
Diversas electrificadoras regionales, tanto privadas como mixtas y públicas, han advertido al Gobierno acerca de un posible apagón para el año entrante. No obstante, el presidente Gustavo Petro respondió a la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) en agosto, mediante un extenso mensaje en la red social X (antes Twitter), indicando que se trata de una “maniobra” para alarmar a la comunidad.
Igualmente, Petro se refirió a los beneficios que tiene la generación eléctrica, afirmando que es más económica que el gas importado o el gas internacional. También indicó que es importante bajar los precios para industrializar el país y descarbonizar la economía.
¿Cuáles son las deudas existentes?
Existen varios déficits económicos en el sector que encienden las alarmas. Además de los 5 billones de pesos adeudados por la opción tarifaria, el Gobierno nacional enfrenta en su flujo de caja deudas que ascienden a 911,000 millones de pesos por alumbrado público, 1.19 billones de pesos por obligaciones de otros subsidios y 1.2 billones por recursos aún no aprobados para los estratos 1, 2 y 3.
La Contraloría advirtió que, por el momento, hay energía suficiente para enfrentar la difícil temporada del fenómeno de El Niño. Sin embargo, analizó que en el futuro las empresas podrían no contar con recursos suficientes para comprar energía, lo que daría lugar a limitaciones en el consumo.
Una de las zonas que podría enfrentar esta crisis sería la región Caribe, debido al uso desmedido de las tarifas de energía. Según el coordinador de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Ever Ronald Fernández Quiñones, la costa colombiana registró un aumento del 11.75% en comparación con 2022. El boletín mensual señaló que durante los últimos cinco meses ha habido un incremento en el recurso.
¿Qué otros factores influyen?
La entidad explicó que el estudio está en la mira para poder analizar el comportamiento por parte de los colombianos, igualmente para verificar el impacto de los servicios públicos como herramientas prestadoras de recursos. De acuerdo con la información de la Controlaría, las electrificadoras son las empresas que podrían sufrir más afectaciones.
Así mismo, se está analizando cuál es el impacto y comportamiento de las medidas regulatorias durante el periodo 2010 a 2022, con el fin de brindar soluciones y poder revisar de qué parte viene el aumento desmedido de energía eléctrica en los últimos años.
El contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, mostró su preocupación por el aumento de precios del kilovatio, ya que informó que en enero se encontraba en $250, en comparación con septiembre cuyo precio rondaba los $1.100, creciendo un 300% en sus precios.
Castro informó que espera que en noviembre se publique el estudio con las conclusiones del sector eléctrico y cuál ha sido el comportamiento en el esquema tarifario.