Gremios eléctricos, conformados principalmente por las asociaciones Andeg, Acolgen, Andesco, SER Colombia, Asocodis y Naturgas, se mostraron inconformes por las recientes declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la reciente Asamblea de Usuarios, llevada a cabo el 17 de septiembre en Santa Marta.
El ministro acusó públicamente a estas compañías de beneficiarse de los subsidios del Gobierno y de aprobar la opción tarifaria sin considerar la opinión de los usuarios, por la alarmante suma de cinco billones de pesos. En sus declaraciones, el funcionario expresó inquietud por la falta de transparencia en la toma de decisiones del sector y afirmó que se ha desarrollado una regulación “a espaldas de la gente”.
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El ministro de Minas y Energía destacó que el presupuesto asignado a su cartera es de siete billones de pesos. Sin embargo, agregó que cinco billones se destinan al financiamiento de subsidios, dejando 1,5 billones para inversión.
Los gremios también aseguraron que las acusaciones sin fundamentos pueden perjudicar la confianza entre la institucionalidad pública y privada, lo que terminaría afectando el mercado “donde dicho valor es fundamental, para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro”.
Los gremios fueron enfáticos en afirmar que las empresas proveedoras de servicios no retienen los fondos de los subsidios; sino que, por el contrario, los aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.
Con relación a los señalamientos del funcionario público, en el que asegura que la opción tarifaria que se aprobó para ayudar a los usuarios durante la pandemia se hizo sin consultar a los usuarios, los gremios eléctricos y de gas natural, dijeron: “No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente”.