Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, lanzó el miércoles 13 de septiembre de 2023 fuertes señalamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, tras lo sucedido en Tierralta (Córdoba) en donde una delegación del ente investigador sufrió un ataque cuando se movilizaba en uno de los helicópteros del Ejército Nacional.
El jefe del ente acusador se refirió al caso que se investiga por lo que fue el hostigamiento de miembros del Ejército a la población de la vereda Boca del Manso y confirmó que un total de 33 uniformados, entre ellos 30 soldados, dos suboficiales y un oficial de la Brigada 11, correspondiente al Batallón de Infantería número 83, deberán declarar.
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Barbosa, en primer lugar, repudió el atentado del que fueron objeto sus funcionarios, al igual que delegados de la Procuraduría General de la Nación, quienes se movilizaban en un helicóptero MI-17, y que ante los impactos de bala recibidos por la aeronave tuvieron que desviar su recorrido hacia el cantón militar de Carepa (Antioquia).
Al turno que anunció que enviará un oficio conjunto, junto con la Procuradora Margarita Cabello, sobre este suceso, en el que la vida de los integrantes de las entidades estuvieron en peligro.
“Lamentamos y rechazamos que la rama judicial del poder público esté siendo atacada y mancillada en diferentes aspectos. Uno de ellos es atentar contra los juzgados, el amenazar a los fiscales e impedir que la administración de justicia pueda funcionar”, manifestó Barbosa.
Ataques a Gustavo Petro
Acto seguido, Barbosa se “despachó” en contra del presidente, pues señaló que es claro que un Estado de derecho en el que la rama judicial no puede ejercer sus funciones, es –a su juicio– “un estado fracturado”. Y dejó en claro que los actos urgentes en Tierralta se adelantarán, “pese a los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación”.
Manifestó que coincide con el mandatario, en el sentido de que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. “Estoy de acuerdo, sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, dijo el fiscal General.
Aunque luego continuó con su andanada y criticó el anuncio hecho de que sea la Justicia Penal Militar la que pretenda adelantar la investigación por este amedrentamiento a la población civil. A su vez, reiteró que a la zona llegará, porque en Colombia “no hay territorios vedados para la justicia”.
“Quiero decirle de nuevo al Gobierno y al presidente Petro, que las funciones de investigación no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía. No le corresponde al Ejecutivo en Colombia, conforme a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales, de ningún tipo”, remarcó.
Y agregó, en consecuencia, que no permitirá que la jurisdicción militar se entrometa en las investigaciones que tienen que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en este país.
Por último, Barbosa indicó que en la zona opera una subestructura del Clan del Golfo, llamada Javier Yepes Cantero. Y recordó que con respecto a esta estructura criminal hay 83 órdenes de captura sin ejecutar. “Cuando existan los resultados de esas pesquisas, tendremos los responsables ante la justicia”, enfatizó.