La fuerte respuesta del ministro de Salud a riesgo financiero denunciado por las EPS

Luego de que los directivos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más prominentes del país, Sanitas, Sura y Compensar, emitieran una alerta sobre la posibilidad de un impacto negativo en más de 13 millones de usuarios a partir de septiembre de 2023, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se pronunció ante la situación y aclaró que las EPS tienen la obligación de prestar el servicio de salud, por lo que no pueden “hablar de crisis donde no las hay”.

Durante una rueda de prensa, el jefe de cartera aclaró que: “Creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas”.

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De igual manera, el ministro de Salud señaló que se presentan ciertos compromisos pendientes con las entidades proveedoras de servicios de salud provenientes de la administración previa encabezada por el expresidente Iván Duque.

Posteriormente, explicó que el Gobierno nacional: “Está presupuestado por doceavas partes, el 96% del presupuesto. Está presupuestado con el adicional también para poder cumplir con otros temas como los presupuestos máximos que tanto le preocupan a las EPS”.

Así, en la conferencia de prensa, reafirmó con énfasis que resultaba crucial establecer que en este momento se cuentan con recursos adecuados para las compañías de atención médica que han comunicado su carencia de financiamiento para mantener la prestación del servicio a la población.

Ante esto, añadió, “nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias de 2020 - 2021, entonces yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar”.

El jefe de cartera recordó que “este Gobierno cumple sagradamente, como ha venido cumpliendo religiosamente, con todo lo que está presupuestado. Y eso implica necesariamente que esos son los recursos con los cuales tienen que darle atención a los usuarios,” por lo que, en cierta medida, rechazó las afirmaciones de las entidades de salud.

Jaramillo llegó a la conclusión de que ningún ciudadano colombiano debe perder el acceso a la atención médica, ya que esto está dentro de las responsabilidades de las entidades. Asimismo, resaltó la fuente de financiamiento que permite a estas empresas mantener su operación.

“Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay y estamos atentos a reunirnos. Mañana por eso estaremos también en una cita anterior que habíamos dado, ¿cierto? Y nos vamos a sentar y vamos a demostrarles muy claramente. Y estro es una rueda de prensa para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua, y eso sí, tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas”, finalizó Guillermo Alfonso Jaramillo.

Directivos de las entidades promotoras de salud más prominentes del país, Sanitas, Sura y Compensar, lanzaron una alerta sobre la posibilidad de un impacto negativo en más de 13 millones de usuarios a partir de septiembre de 2023. Esto podría ocurrir si no se lleva a cabo una revisión urgente de la asignación de los recursos designados por el Ministerio de Salud para cubrir los costos.

En una carta enviada al Gobierno nacional en julio, las direcciones de estas tres entidades han comunicado la situación financiera crítica que enfrentan. En la misiva, las entidades manifestaron la intención y la responsabilidad de transmitir la situación angustiosa por la que atraviesa el sistema de salud.

En la carta suscrita por Pablo Otero, gerente general de Sura; Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas; y Andrés Barragán Tobar, director de salud de Compensar, se hace referencia al ministro acerca de la necesidad de tres reformas inmediatas en relación con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud.

En el primer escenario, los directivos concluyeron que la unidad de pago por capitación (UPC), una suma anual que el ministerio destina a las promotoras por cada afiliado, no resulta adecuada para cubrir los costos de atención médica de los pacientes.

Además, los ejecutivos indicaron que mantener un monto uniforme para cada afiliado, a pesar de las diferencias en las necesidades de atención debido a sus condiciones médicas, ha ocasionado una situación de falta de liquidez para las organizaciones.

En el tercer aspecto, las EPS remarcaron que la carencia de remuneración por parte de la cartera nacional ha provocado una insuficiencia financiera en sus operaciones, aunque admiten que este problema no está limitado al Gobierno actual, sino que tiene sus raíces en administraciones anteriores.