En el marco de su evaluación económico del primer año de su mandato, el presidente Gustavo Petro resaltó los logros obtenidos en beneficio de los trabajadores, especialmente el significativo incremento en el salario mínimo.
“Durante este año, logramos uno de los mayores aumentos en el salario mínimo a través de una decisión concertada entre sindicatos y gremios empresariales que ha beneficiado a los hogares colombianos. El salario ha experimentado un incremento nominal del 16%”, subrayó Petro.
En la misma línea, el mandatario enfatizó que al contrastar este aumento con las fluctuaciones inflacionarias, se acortará la distancia entre los ingresos y los gastos, sobre todo en lo referente a la canasta básica familiar.
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“Considerando el índice de inflación actual, ya hemos logrado un aumento del salario mínimo real en cuatro puntos porcentuales por encima del año anterior, y si continuamos con estos esfuerzos de control de la inflación, es posible que el salario mínimo real de Colombia aumente en un 8% para finales de este año”, precisó Gustavo Petro.
En respuesta al más reciente informe de desempleo, que tiene datos hasta junio, el presidente también resaltó que esta cifra ha descendido a un solo dígito: 9,3%, un logro que el Gobierno espera mantener en el tiempo.
Así le fue a Gustavo Petro con el orden público en su primer año de Gobierno
El 11 de agosto de 2022, menos de una semana después de su posesión, el presidente Gustavo Petro anunció el lanzamiento de su política de seguridad. Lo hizo en su primer consejo de seguridad realizado en Quibdó (Chocó), una de las zonas con mayores afectaciones por la violencia en el país. Desde allí, explicó que esta iniciativa, denominada Seguridad humana, no solo iba a involucrar a las fuerzas del Estado, sino también a actores armados, como la academia, organizaciones sociales y las entidades públicas de salud.
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Este cambio profundo en la doctrina de seguridad estatal se produjo en medio de un debate que no es nuevo; de hecho, se agudizó con casos de presunto abuso policial durante las protestas de 2019 y 2021, y otros que pusieron en duda la inteligencia militar, como la masacre de Alto Remanso (Putumayo). También sirvió para la discusión la retención de 79 policías en marzo de 2023, cuando un grupo de campesinos protestó contra una petrolera en Caquetá. ¿En qué momento deben intervenir las Fuerzas Militares y de Policía? Era la pregunta central previo y durante la implementación de la Seguridad humana.
Un año después de esta política, que está articulada con la de Paz Total, las cifras no son alentadoras si se comparan con los primeros años de los Gobiernos desde 2002. Es cierto que las dinámicas de violencia y el conflicto armado no son las mismas de comienzos de siglo:
Se logró el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del mundo (Farc-EP), se estableció un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y nacieron grupos residuales de ambas estructura; y sumado a eso, hubo un timonazo político, pues el actual comandante en jefe de las Fuerzas Militares es de izquierda.
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Con todo y eso, las cifras muestran un retroceso en tres dinámicas clave que automáticamente ponen en duda la fortaleza de la apuesta de pacificación nacional y los acercamientos con múltiples actores armados ilegales: los homicidios, las masacres y los casos de secuestro arrojaron números poco alentadores para el primer año de Petro, su eslogan ‘Potencia mundial de la vida’ y la ambiciosa Paz Total.