La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por haber sido uno de los supuestos beneficiados de los sobornos que se originaron desde la Corte Suprema de Justicia, lo que se denominó el ‘cartel de la toga’.
La acusación la avaló el Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá, ya que el exgobernador había sido vinculado, en junio de 2022, a una investigación penal por presunta participación en la red que se había construido en el alto tribunal para amañar procesos judiciales.
A Abadía se le acusa de haberle pagado a un fiscal para que no adelantara las investigaciones de un proceso en su contra, pues de acuerdo con el material probatorio, este le habría entregado $400 millones a Luis Gustavo Moreno Rivera, quien posteriormente fue nombrado jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Según el ente acusador, este dinero luego fue redireccionado al entonces magistrado Francisco Ricaurte, quien hoy enfrenta una condena por este mismo caso.
“El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía”, señaló la Fiscalía.
Así las cosas, el exjefe de departamento habría pagado para que las investigaciones en su contra fueran archivadas, “para que no se realizara imputación y no se pidiera medida de aseguramiento” al momento de señalarle los cargos por los cuales sería indagado.
El fiscal que llevaba el caso del exgobernador en la Corte para ese entonces, Alfredo Bettín Sierra, fue uno de los testimonios claves para que la Fiscalía le imputara cargos en 2010. Bettín, quien fue condenado por el mismo caso, afirmó que había favorecido a Abadía, archivando dos procesos en su contra y retrasando una orden de captura por presuntos sobrecostos en la contratación de dotación para unas bibliotecas del departamento; sin embargo, aclaró que nunca recibió dinero.
Cabe recordar que, antes de que Juan Carlos Abadía fuera vinculado al caso, el exfiscal Moreno había señalado hace unos años al exgobernador de hacer parte del ‘cartel de la toga’: “En el caso de Juan Carlos Abadía de lo que yo recibí para entregarle al doctor Francisco (Ricaurte) fueron $400 millones, destacó en su momento Moreno, según El Espectador. Por la presión nuevamente de la imputación que se le iba a hacer se le exigen $600 millones, para un total de $1.000 millones, con el propósito de evitar la imputación”.
Por su parte, el exgobernador brindó unas declaraciones en diciembre de 2021 al medio de comunicación ya citado, en las que aseguró que era inocente: “El doctor Bettín fue enfático en decir que nunca se reunió conmigo y que el señor Ricaurte le pidió que revisara jurídicamente mi proceso, y eso no es delito”.
A su vez, el exfuncionario señaló que no le pagó a nadie para archivar los casos y argumentó que no podía responder las actuaciones de su abogado.
Juan Carlos Abadía Campo llegó a la Gobernación del Valle el primero de enero de 2008 y terminó su mandato el 5 de mayo de 2010, cuando por orden de la Procuraduría fue destituido por participación en política e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos.
Según el fallo del Ministerio Público, Abadía “instrumentalizó su cargo y utilizó su investidura para participar en política”, pues “su conducta permisiva se constituyó en abuso de poder y desvío del mismo”. Aunque el entonces gobernador apeló la decisión, la Procuraduría días despúes ratificó su destitución.