Al representante a la Cámara de Representantes, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, del Partido de la U, lo está persiguiendo judicialmente su pasado, hasta el punto de complicarle su permanencia en su curul y en la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusaciones, encargada de indagar a altos funcionarios como el Presidente de la República, el Fiscal General y a magistrados.
Un trino publicado en la cuenta oficial de la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles 12 de julio, anunciaba que se le abriría una investigación formal por suscribir contratos cuando fue secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, entre 2008 y 2011.
“La Sala de Instrucción abre investigación contra el representante Wilmer Carrillo por presunto contrato sin requisitos legales, enriquecimiento ilícito y violación de inhabilidades”, fue el trino publicado por la Corte Suprema.
Entre tanto, Carrillo, quien tuvo una votación de 65.843 votos en las pasadas elecciones, tiene otra investigación por hechos similares. Sin embargo, en el nuevo expediente hay un elemento adicional.
La Sala de Instrucción de la Corte le abrió una investigación por suscribir presunto contrato sin cumplir los requisitos legales, enriquecimiento ilícito y violación de inhabilidades, suscritos con una empresa en la que uno de sus socios es su cuñado.
En el expediente se indica que dichos contratos se firmaron con la compañía Reingeniería Ltda., en la que aparece como socio capitalista el hermano de Milady Pacheco Llain, la esposa del congresista.
El cuñado del congresista, Wilder Josué Pacheco Llain es un ingeniero industrial y figura como uno de los tres socios de la compañía.
Pero esta no es la única empresa que aparece a nombre de este ingeniero, ya que es la cabeza de una empresa del sector de la construcción llamada Proconstructores S.A.S. Además, la compañía Reingeniería Ltda., que está registrada en Ocaña, Norte de Santander, y que tiene como principal actividad comercial la construcción de obras de ingeniería civil, edificios no residenciales, extracción de piedras y arena y explotación de minas y canteras.
Esta última tiene por lo menos seis contratos por aproximadamente 830 millones de pesos con la Gobernación de Norte de Santander, los cuales fueron suscritos entre junio de 2009 y marzo de 2013; que coinciden con el mismo periodo en el que Carrillo Mendoza estuvo en el cargo de secretario.
Entre tanto, Pacheco Llain, por medio de la empresa Proconstructores S.A.S., que se encuentra registrada en Cúcuta y está dedicada a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, obras de ingeniería civil y preparación de terreno, también firmó una serie de contratos con la Gobernación de Norte de Santander, los cuales aparecen suscritos entre febrero y diciembre de 2011, cuando su cuñado seguía vinculado con la Gobernación. Esos contratos fueron firmados por un valor de 1.739 millones de pesos.
En una publicación hecha por El Tiempo se indica que el familiar del representante Carrillo también aparece contratando con la Cámara de Representantes, en agosto de 2020, dentro de un proceso contractual que también ha sido objeto de investigaciones.
Este contrato fue firmado por 16′700.000 pesos con el objetivo de implementar y asesorar el plan de conservación documental, mediante la aplicación de un diagnóstico de conservación documental. El fin de este contrato era asegurar la adecuada administración y mantenimiento de toda la información contenida en la oficina de planeación y sistemas de la Cámara de Representantes.
Para ese entonces, el actual representante era integrante de la comisión tercera de Hacienda y Crédito Público de esa corporación.
Además, Carrillo tiene otro proceso, que se encuentra en fase de instrucción, por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Este caso también data de la época en la que Wilmer Carrillo sirvió como secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander.
No obstante, en 2018 fue acusado por otro proceso y del cual fue absuelto el pasado 22 de junio de 2023, por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. En este proceso estaba investigado por supuestas irregularidades en contratación y en el que se determinó que el representante no había incumplido obligaciones a la hora de liquidar un contrato de obra para el mejoramiento de 3.8 kilómetros de los 19 que componían la vía Lourdes-Gramalote en Norte de Santander, el cual presentó problemas durante su ejecución.