Buenaventura no solo está referenciado por tener el puerto más importante de Colombia, sino por tener el laboratorio de paz urbana más grande en medio de un de los contextos más violentos en una zona urbana durante los últimos años. En medio de varios altibajos en los últimos 10 meses, la tregua decretada por Shottas y Espartanos, las dos estructuras criminales que mandan en el distrito, continúa, pero a sabiendas de que en cualquier momento podría resquebrajarse por completo.
En diciembre de 2022 se llegó al histórico dato de 90 días sin homicidios, un hecho que más allá de ser aplaudido por el Gobierno nacional, significó un ápice de esperanza en medio de la crisis humanitaria vivida en la mayoría de los barrios marginados. Pero meses después, el laboratorio de paz pasó de tener una plausible estabilidad a estar en una incertidumbre que roza en el pesimismo manifestado no solo por analistas y expertos en temas de paz y conflicto armado, sino por las propias comunidades que aún creen en un proyecto de pacificación a pesar de los constantes casos de violencia.
En barrios como El Ruiz o Alberto Lleras Camargo, buena parte de sus habitantes reconocen que la violencia ha disminuido, pero revivieron dinámicas como las fronteras invisibles o las balaceras desde que la confianza entre ambos grupos se quebró. “Cuando desaparecieron a ‘Súper’ (vocero de los Shottas) ya se rompieron las confianzas. Quién va a confiar si uno de los voceros es desaparecido y asesinado. Entonces ya se ha tratado directamente con los grupos. ¿Qué han demostrado? Que el acuerdo es entre ellos y sobre eso el Gobierno no tiene ningún control porque el Gobierno no fue el que intercedió en la tregua, sino que ellos la retomaron”, explicó a Infobae Colombia Juan Manuel Torres, coordinador para el Pacífico de la fundación Paz y Reconciliación.
La tregua está en un punto crítico, pero se mantiene; sin embargo, las constantes balaceras y homicidios aumentan la zozobra en el distrito portuario. “Todos estos días han estado llenos de balaceras. De hecho, hoy hubo una con heridos en el sector del Bolívar, donde la situación ha estado complicadísima”, dijo el analista desde Buenaventura el 14 de junio. Un día después se registró otro hecho similar en la comuna 11.
Las balaceras no solo están a la orden del día, también la extorsión y el control de la población mediante la regulación de precios a alimentos de la canasta básica y las ‘vacunas’ a productores y proveedores, a fin de tener un monopolio en el distrito. Además, también hay conocimiento de quién entra y quién sale de la terminal de transporte. “Manejan extorsiones y vacunas por cualquier actividad que se haga, hasta por construir una casa. También manejan un control de precios y un monopolio de productos. Por ejemplo, venden los huevos a tanto precio; hay distribuidores de gallina, solo un distribuidor de agua o de cilantro y eso hace que los precios se disparen”, explicó Torres.
Lina Mejía, de la oenegé Vivamos Humanos, coincidió con Torres y afirma que el proceso de paz urbano volvió a ver su mala hora tras la desaparición y tortura del vocero de los Shottas. “A partir de esto se han generado algunos casos de desplazamiento interurbano por el control y dominio territorial”, advirtió. También recordó que durante junio ocurrieron crímenes contra gestores culturales y de paz que, justamente, contribuían con el proceso de pacificación urbana.
Pero si bien el laboratorio de paz ha tenido el acompañamiento de la institucionalidad a través de la oficina del alto comisionado para la Paz –Oacp–, la Iglesia católica ha tenido un papel esencial en todo el proceso. Todos los caminos conducen a monseñor Rubén Darío Jaramillo, el principal responsable de que la fase de acercamientos entre Shottas y Espartanos continúe vivo, y aunque él mismo reconoció que no depende de su figura, lo cierto es que sí es y será determinante a medida que avancen los acercamientos y la posterior instalación de la mesa sociojurídica.
Con eso y todo, el ejercicio de los liderazgos sociales está amenazado ante la fragilidad del proceso. “La intención –del la Oacp– es que se detengan algunas acciones violentas, un desescalamiento, pero hay preocupaciones porque esos espacios comunales y barriales no se han adelantado en forma”, dijo Mejía. Si bien han bajado las tensiones entre ambos grupos pese a las acciones violentas durante el año –precisó ella– hay un amplio conocimiento y seguimiento de estos, incluyendo masacres, secuestros y extorsiones; “con eso el proceso ha fluctuado y eso en definitiva lo pone en entredicho”, concluyó la experta.
La influencia de las organizaciones sociales
Carolina Arboleda, integrante de la organización Buenaventura Siembra Esperanza, explicó a Infobae Colombia que la violencia en algunas de las comunas ha interrumpido algunos de los procesos de construcción de paz. Pese a eso, las labores continúan de manera independiente y en apoyo con juntas de acción comunal. “Hay que decir que hay mucha esperanza, tanto en el sector privado como en el social como el público y la misma comunidad. Por eso no perdemos esa fe”, mencionó.
Tanto la lideresa, como monseñor Jaramillo y las comunidades de los barrios más peligrosos de Buenaventura coinciden en que se necesita más inversión social y capacidad estatal en el distrito más allá de la militar y policial. Esa, de acuerdo con esos actores, es una de las condiciones planteadas por las dos estructuras criminales para continuar con el proceso, así como la agilización en el trámite de la ley de sometimiento en el Congreso.
Mientras esto avanza, las organizaciones, la Iglesia, las propias comunidades y hasta organismos internacionales no se quedan quietos. “Hay mucha gente que con esa esperanza se motiva a hacer más actividades e iniciativas que ayuden al proceso a pesar de que la inversión del sector privado se limita”, dijo la lideresa. En ese sentido, monseñor Jaramillo ya le había anticipado a este medio que sería instalada una mesa de negociación para iniciar la fase sociojurídica, similar a la instalada en Medellín.