Desde el martes 20 de junio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en cabeza de su presidente, Daniel Rojas, anunció la remoción de administradores de hoteles en actual proceso de extinción de dominio y una alianza estratégica con la sociedad Tequendama, ahora a cargo de las cadenas Tryp y Campanario, con sedes principales en Medellín y Villavicencio respectivamente.
En ese sentido, el exsenador Gustavo Bolívar había denunciado en noviembre de 2022 que Iván Duque le habría entregado a Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, el Campanario a través de la entonces directiva de la SAE, entidad que fue puesta bajo la lupa del presidente Gustavo Petro por presuntas anomalías cometidas en la administración anterior e inconsistencias en los listados de bienes incautados y registrados.
“¿Pensaron que la volteada de Manguito era gratis? Duque le entregó ICBF del Meta (todavía lo tiene) y a través de la SAE, por una suma pírrica, el hotel “EL CAMPANARIO” que fuera de Ismael Pantoja alias ‘El negro‘”, mencionó en su cuenta de Twitter el 14 de ese mes.
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Sin embargo, la entidad encontró que el predio no estaba en poder de Manguito, pero sí de personas cercanas a su círculo que, de acuerdo con registros, le dieron el manejo irregular que derivó en la decisión tomada por Rojas. Sobre esto, el funcionario explicó a CM& que no existe persecución contra excongresistas, sino “contra malos administradores.
Desde 2022, Campanario y Tryp reportaron pérdidas de seis mil y 260 millones de pesos respectivamente, motivo por el que se determinó la remoción de depositarios. Sobre esto y la alianza con Tequendama, el presidente de la SAE mencionó que esto tiene como primer objetivo la lucha contra la corrupción “sobre la cual hemos cabalgado desde el primer día que nos instalamos en la Sociedad de Activos Especiales”.
También resaltó el apoyo brindado por las Fuerzas Militares para ingresar a zonas de difícil acceso donde están ubicados predios que ahora serán destinados al cumplimiento de la b. De otro lado, hizo un llamado a la ciudadanía para que se hospede en los dos hoteles intervenidos para generar recursos que permitan financiar los proyectos de inversión social en el país.
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Sumado a eso, entregó un mensaje de alivio a los trabajadores de ambos establecimientos: “Van a tener estabilidad laboral. Hemos retirado a los antiguos depositarios por múltiples quejas asociadas a la mala administración de los activos, pero no de la planta de personal. Los y las trabajadoras del país son los principales aliados del Gobierno”, concluyó Daniel Rojas.
Vale mencionar que el activo más costoso que tiene la entidad en su poder fue puesta en venta en 72 millones de dólares. El terreno, ubicado en el sector Mamonal (en la bahía de Cartagena) tiene 107 hectáreas y los recursos que se logren de dicha operación serán destinados a programas sociales de la actual administración.
“Invitamos a todos los interesados a que presenten sus propuestas en el tiempo establecido. Es muy importante que la ciudadanía sepa que Cisa –Central de Inversiones S.A.— no pagará comisión por venta”. Sumado a eso, la entidad consideró que el terreno es un puente hacia el mercado internacional, con vías de acceso principales que permiten el desarrollo del comercio, principalmente la carretera a Mamonal.
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El predio fue tomado por la Fiscalía General de la Nación con fines de extinción de dominio en 2018, luego de que el ente acusador reuniera material probatorio sobre la presencia de recursos ilícitos en la adquisición del predio.
De acuerdo con las investigaciones, los cuatro lotes eran propiedad de Javier García Rojas, alias Maracuyá, integrante de la estructura criminal La Oficina. García Rojas también era conocido como “el capo oculto del narcotráfico” al evadir las acciones judiciales en su contra.