El superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán López, participó en el Foro de la Salud y 29° Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y allí dio a conocer el balance de la entidad en materia de recepción de quejas y reclamos de los usuarios del Sistema de Salud y su respectiva respuesta a los mismos.
El funcionario aseguró que la Superintendencia amplió los canales de atención a los afiliados para mejorar el acceso a formulación de quejas. Pues, la entidad radica 3.900 súplicas de vida al día, lo que corresponde a un total de 1.155.957 reclamos.
De acuerdo con el superintendente, hay tres motivos específicos que sobresalen dentro de las manifestaciones de inconformidad de los usuarios. El 30.2% de ellos se queja por la demora en asignación de citas médicas con especialistas, el 11.1% denuncia la entrega inoportuna de medicamentos, y el 6.7% reclaman dificultades en la prestación de servicios de imagenología. El 32% de las quejas que llegan alegan riesgos en salud.
“En estos diez meses nuestro foco se ha dirigido en dos vías: garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y proteger los recursos públicos que fluyen por el sistema”, explicó el superintendente de Salud en el foro.
Sanciones impuestas por la Supersalud
Ante la gran afluencia de quejas que pesan sobre el Sistema de Salud, la entidad de inspección y vigilancia ha impuesto multas en primera y en segunda instancia a diferentes actores, las cuales alcanzan los 87.487 millones de pesos.
“Hemos realizado 38 auditorías especiales a las Secretarías de Salud y 41 a clínicas y hospitales de 29 departamentos, donde se documentaron 360 hallazgos”, señaló el superintendente de Salud.
Según Beltrán, la Supersalud ha concluido investigaciones que habían sido abiertas hace tres o cuatro años. Como resultado, autoridades de los departamentos del Altántico y Magdalena adquirieron responsabilidades administrativas.
“Encontramos una Supersalud que, en términos generales, desarrollaba aceptables funciones de inspección y vigilancia. Pero poco control. Había investigaciones que se abrían, pero no resolvían de fondo o se archivaban”, enfatizó Ulahy Beltrán en el foro.
También, se ha vigilado y sancionado a diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por deficiencias en la atención a los afiliados. “Pusimos freno a los abusos evidenciados por la IPS Fabilú, de Cali, sobre pacientes que eran víctimas de tránsito. Ordenamos medida cautelar a IPS MiRed en Barranquilla por la desatención a un paciente de 53 años”, explicó la entidad en Twitter.
Con respecto a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la Supersalud multó con casi $1.000 millones al exrepresentante legal de Coomeva. Asimismo, sancionó monetariamente a Sura con una suma de $5.800 millones por desproteger a una adulta mayor en Barranquilla, quien padecía de demencia muscular, lo que le generó una condición de discapacidad. “La multa a la EPS Sura es una de las más cuantiosas impuestas en la historia reciente de la Supersalud, y se tuvo en cuenta la reincidencia”, dijo la Superintendencia.
“Hay actores del aseguramiento y de la prestación, incluso de entes territoriales que no vienen cumpliendo lo establecido en el marco normativo. Algunos cumplen de forma discrecional o sencillamente recurren a malas prácticas para no ser objeto de inspección, vigilancia y control”, explicó la entidad.
Inauguración de la Regional Caribe
Beltrán informó que la Supersalud ha hecho varias intervenciones en territorios dispersos del país, para evaluar las deficiencias en la salud pública. Por eso llegaron hasta La guajira, donde inauguraron la Regional Caribe en Riohacha.
“Desarrollamos una jornada especial de intervención con acciones de inspección y vigilancia sobre los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y el departamento de La Guajira para hacer seguimiento a la mortalidad por desnutrición en niños menos de 5 años”, explicó el superintendente de Salud.
En el departamento, se han radicado 626 reclamaciones por parte de usuarios, de las cuales el 34% alegan riesgo de vida, lo que corresponde a 213 quejas. De acuerdo con la entidad, Nueva EPS, Cajacopi y Sanitas son las entidades promotoras con más reclamos y, son Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, los municipios que concentran el 90% de las quejas.
En ese sentido, la Superintendencia ha generado acuerdos de pago para ayudar a financiar la red de prestación de servicios en salud del departamento. Dichos pactos llegan a los $29.870 millones.
Reforma a la salud
De acuerdo con la entidad, el proyecto de ley de reforma a la salud tiene 12 artículos directamente relacionados con la Superintendencia. “Plantea una Supersalud con mayor presencia territorial y enfocada a las necesidades de los ciudadanos”, explicó la entidad de inspección y vigilancia.
En la iniciativa se refuerzan funciones de la Supersalud y se plantean nuevas responsabilidades que deberá adquirir si la reforma llega a aprobarse en la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio. Entre las propuestas del proyecto, se formulan las siguientes:
- Hacer inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Gestoras de Salud y Vida para que garanticen el acceso a servicios de salud a través de los Caps.
- Vigilar el uso eficiente de los recursos públicos.
- Ampliar la presencia con nuevas regionales y fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera de las que ya existen.
- Velar porque la prestación de los servicios se realice sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales de salud y las IPS.
- Velar por la eficiencia en el manejo de los recursos destinados a la salud.
- Evitar el abuso de poder dentro de los actores del sistema.
- Vigilar, inspeccionar y controlar que las IPS apliquen, en seis meses, un Código de conducta y de Buen Gobierno.
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