Hacia el 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) cerró un supuesto negocio de la transferencia del dominio de 14 lotes ubicados hacia la calle 100 con carrera 7ª en Bogotá, para la construcción de unas supuestas oficinas que serían entregadas en el 2019, en ese momento el valor de ese terreno exilaba en unos 250.000 millones, pero en el estudio que realizó Asolonjas en 2022 dejó en evidencia que con el tiempo que el detrimento ha aumentado, ya que en la actualidad ese espacio tiene un valor promedio de 543.000 millones.
Hoy ese espacio se encuentra abandonado y el dinero nunca entró a la cuenta de la Cremil; es decir, el fondo tuvo una pérdida de casi medio billón de pesos y este sería uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido que afrontar la institución.
La Contraloría mencionó sobre este tema que el error comienza desde la entrega de los terrenos en ese momento, sin que hubiera una garantía de que se iba a ejecutar el proceso de forma honesta parte del titular del Fidecomiso, que es la Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero fiduciario es Itaú, bajo el título de Aldea Proyectos, como lo mencionó la revista Cambio.
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En este sentido, y como resultado de la investigación, la Contraloría anotó que este no se debe solo a la buena fe, sino que también hay que tener otros factores en cuenta como la negligencia, los intereses particulares (hay que mencionar que el fondo no tiene permiso de cerrar este tipo de negocios); es por eso, que como mencionó el medio anteriormente citado: “La investigación vincula a varios gerentes de Cremil y hasta a quienes han participado del consejo directivo de la entidad en los últimos ocho años, pues existen responsabilidades administrativas, fiscales y penales que se configuran en 20 hallazgos identificados”.
A la perdida de los 14 lotes se le suma que las multas impuestas al Fidecomiso no han sido pagadas, ni siquiera ha ido pasadas a cobro coactivo. La situación es preocupante y reprochable, pues una de las conclusiones es que los únicos que perdieron fueron los retirados de las Fuerzas Militares, ya que los intereses del colectivo y los beneficios de sus ahorros se pusieron en riesgo y actualmente los que deben solucionar la situación son las autoridades, que según revista Semana procederán a investigar los implicados de forma individual, además, de buscar la mejor forma de recuperar parte de los fondos perdidos.