El pasado 21 de mayo de 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a miembros del Ejército Nacional presuntos implicados en la masacre de once personas durante un operativo realizado en la vereda El Remanso, en Putumayo. Ahora, el Ministerio Público dio a conocer nuevos detalles sobre las irregularidades en el caso.
En un documento de diez páginas, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló con nombres propios a los uniformados del Ejército presuntos implicados y sujetos de investigación:
- Brigadier General Walther Giraldo.
- Coronel Carlos Mauricio Salgado Romero.
- Teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista.
- Capitán Jorge Erney Marroquín Cadena.
- Teniente Julián Ernesto Ávila Martínez.
- Sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza.
- Cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.
Resalta, de manera preocupante, que culminado este enfrentamiento, los militares implicados “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación” y “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”, aseguró el Ministerio Público.
La masacre en El Remanso
La Procuraduría General de la Nación reveló que el 28 de marzo del 2022 fue llevada a cabo la operación militar Mahlón 055 en la vereda del Alto de Remanso, el cual tenía como finalidad dar de baja a alias “Bruno” cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual ‘Los comandos de Frontera’.
Según los hechos esclarecidos hasta el momento, los uniformados irrumpieron en medio de un bazar en donde supuestamente se encontraban varios miembros del grupo disidente de las Farc. En horas de la mañana se dispusieron a abrir fuego contra los allí presentes.
En una primera investigación, la Procuraduría destacó que de acuerdo con los “reportes oficiales de la policía judicial resultaron once (11) personas muertas, quienes, según se informó, serían integrantes del grupo armado ilegal residual Frente 48 que delinque en esta zona”, pero luego se recibieron denuncias por parte de la comunidad y de organizaciones de la sociedad civil, en las que niegan que estas personas pertenecían a este grupo armado.
La comunidad aseguró que en ese evento no había ningún miembro del grupo criminal y que las once personas abatidas en el lugar eran civiles. Además, señaló que en medio del acto violento resultaron heridas otras cinco personas, para un total de dieciséis víctimas en este operativo.
“De acuerdo con la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbios Ipiales (Nariño), las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos. Esta información resulta altamente contradictoria con la información oficial presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional a la opinión pública”, destacó la Procuraduría en carta enviada a las Fuerzas Militares.
Con el fin de esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo ocurrido en la vereda El Remanso, el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría, investigará el material con el cual miembros de las Fuerzas Militares presuntamente implicados provocaron una intencionada alteración en la escena del crimen. Este material será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para su análisis probatorio.
Finalmente, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales. Lo anterior, mediante un decreto en el cual solicita al comando del Ejército allegar el informe al Mayor General Carlos Iván Moreno y, de ser posible, escuchar en versión libre a los implicados.