Para el 23 y 24 de mayo está citada la audiencia del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá en la que se deberá tomar la decisión de si el expresidente Álvaro Uribe Vélez será llamado a juicio o se archiva la investigación en su contra. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía aseguran que debe precluirse el caso, que llevó al exmandatario a estar detenido en el 2020 por orden la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.
De acuerdo con lo ordenado por la jueza Laura Estella Barrera en la última audiencia del 16 de marzo, el 23 de mayo daría lectura a la decisión final, a la que agregó un día más por la posible extensión del fallo en el que deberá considerar los argumentos que durante decenas de horas presentaron las partes y exponer su sentencia.
La preclusión inicial que solicitó la Fiscalía en el 2021, cuando asumió el proceso en cabeza de Gabriel Jaimes, no prosperó. Luego, bajo un nuevo delegado volvió a solicitarla, y el juez deberá decidir si concederla o negarla. En caso de esto último, el expresidente deberá ir a juicio bajo un nuevo fiscal delegado.
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En caso de que conceda el archivo de la investigación, sería la primera victoria de la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el proceso; las víctimas y contrapartes apelarían la decisión. En ese escenario posible, ante un fallo en ese sentido, sería el Tribunal Superior de Bogotá el que la deje en firme o en su caso la anule para volver analizar el caso.
El exmandatario es señalado de fraude procesal y soborno, delitos que determinó la Corte Suprema de Justicia y que fueron declarados imputados en decisiones posteriores. La Fiscalía sostiene que no hay evidencia de la comisión de tales conductas por parte de Uribe Vélez, por lo que ha insistido en dos ocasiones por el archivo de la investigación.
Las víctimas, principalmente el senador Iván Cepeda, representadas por el abogado Reinaldo Villalba, sostienen que los hechos sí están sustentados para proceder al juicio. En la audiencia señalaron que la Fiscalía ha presentado una lectura de las pruebas con vacíos y contradicciones, además con supuestas omisiones internacionales. Por eso solicitaron que se mantenga la investigación.
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“La Fiscalía General de la Nación no logró sustentar de manera sólida la necesidad jurídica de definir la suerte procesal en este caso mediante una declaratoria de preclusión de la investigación. Muy por el contrario, están suficientemente fortalecidos los medios probatorios que indican que las conductas imputadas tuvieron lugar y sobre el imputado recaen altas posibilidades sobre su responsabilidad penal y, por tanto, tampoco es posible considerar que haya una posibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia”, aseguró Villalba.
Álvaro Uribe intervino durante las últimas audiencias para solicitar a la jueza que precluya la investigación. Aseguró que pese al abundante material que recogió en su momento la Corte y adelantado por la Fiscalía, supuestamente no existen pruebas de que él “condicionaba la declaración de alguno de los testigos” en su proceso.
El exmandatario insistió en un supuesto interés político por desacreditar su nombre en el proceso. Sin embargo, este se inició por una denuncia que él mismo formuló en contra del senador Cepeda, a quien acusó de los mismos delitos que ahora le imputan a Uribe Vélez, tras haber sido absuelto por la Corte.
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Desde un evento político en Huila, el exmandatario volvió a referirse al proceso judicial, aunque sin mencionarlo en referencia a la investigación que deberá iniciar contra Óscar Iván Zuluaga. “Lo digo yo que he enfrentado todo, lo digo que he enfrentado todo, queridos compatriotas”, sostuvo el también exsenador del Centro Democrático.