Entre las muchas reformas que se están tramitando en el Congreso de la República, y que han suscitado debate al interior de la opinión pública, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND) cuya ponencia para segundo debate debería estarse presentando entre el próximo lunes 24 y martes 25 de abril.
Como era de esperarse, diversos parlamentarios prendieron las alertas frente a varios “micos” que, de ser aprobados, pondrían en peligro al campesinado colombiano. Este fue el caso del exrepresentante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien el viernes 21 de abril le mandó una misiva al Congreso, solicitándole que no se derogue la Ley de su autoría, la 2186 del 2022.
Esta ley lo que hace es que les ordena a los bancos democratizar los créditos que se otorgan para el campo colombiano, para que no solo se privilegien los grandes empresarios que trabajan con la tierra. Por tal motivo, el exrepresentante advirtió a las mesas directivas de las respectivas comisiones Económicas advirtió sobre el perjuicio que traería para el país la eliminación de estos beneficios otorgados a los campesinos, los cuales sumarían alrededor de 12 billones de pesos.
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“No sería coherente suprimir una ley que obliga a que el sector financiero colombiano cumpla con su responsabilidad social con el país y de esta manera le entregue cerca de 12 billones de pesos en créditos a más de 10 millones de pequeños y mediados campesinos colombianos”, sostuvo el dirigente político en la carta que mandó.
Y añadió que “la cartera sustitutiva es en la que los bancos, por responsabilidad social con el Estado, tienen que invertir el 5% de todas las colocaciones que tienen en los diferentes sectores y este tiene que ir al sector agropecuario, lo que representa una suma cercana a los 25 billones de pesos”, explicó Zuleta Bechara.
Resguardos indígenas
Otro de los “micos” frente al cual llamó la atención el senador del Centro Democrático, Carlos Manuel Meisel Vergara, ponente del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, estuvo relacionado con los resguardos indígenas.
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“Al país no se le puede olvidar que el Gobierno también pedía facultades para él elegir los lugares y la forma de reclusión de los condenados en los resguardos indígenas. Es decir, el Presidente quería ser juez de los resguardos indígenas, y juez penal, además”, le dijo el parlamentario el viernes 22 de abril al periódico El Nuevo Siglo.
Transparencia
Un tercer llamado de atención que hizo el ponente de la oposición estuvo relacionado con la creación de fondos, en este Plan Nacional de Desarrollo, que favorecen la contratación directa y no favorecen la transparencia que tanto requiere el pueblo colombiano.
“Es un Plan Nacional de Desarrollo que, además uno no ve que incentiva algo. Uno no ve que favorezca a ningún sector. Si no les gustan los hidrocarburos, listo, pero uno no ve que quieran favorecer a ningún otro sector económico para tratar de reemplazar la fobia que les tienen a los hidrocarburos”, señaló Meisel al medio ya mencionado.
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¿Economía popular?
Y, por último, de acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en este documento hay por lo menos siete “micos” que, de aprobarse, favorecerían a corruptos y narcotraficantes vía contratación pública bajo la sombrilla de economía popular.
“Puso de presente que se autoriza a las entidades a contratar de manera directa con personas naturales hasta por $165 millones”, quien concluyó que este PND también propone suprimir el registro único de proponentes que hoy existe, a través de Colombia Compra Eficiente. Ello permitiría, indicó el fiscal Barbosa, que cualquier persona se postule para contratar con el Estado, así tenga una sanción.