Tal y como lo había anunciado en días anteriores, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, presentó en el Consejo de Estado la apelación de la demanda con la que se suspendió el decreto 227 de 16 de febrero de 2023 que otorga al presidente Gustavo Petro el control de la regulación de las tarifas de los servicios públicos.
Precisamente, el Consejo de Estado había dado validez a dicha demanda, en la que se alegó que Petro expidió de manera irregular el decreto porque no le está dado asumir funciones asignadas por la Constitución Política al poder legislativo.
Ahora, el superintendente Dagoberto Quiroga presentó un recurso de reposición y subsidiario al de súplica contra el auto de fecha 2 de marzo de 2023 con el argumento de que el fundamento para decretar la medida cautelar de urgencia tiene por objeto un conjetural perjuicio irremediable o la concreción de un peligro inminente.
El documento, conocido por El Tiempo, dice además que la magnitud de la lesión jurídica sería tan inmediata que se necesita ejercer, por parte de la jurisdicción, acciones que eviten la continuidad del daño. Y para Quiroga ninguno de esos preceptos se cumplen.
El funcionario señaló, según el medio, que el decreto pretende de manera temporal asumir las funciones que son propias por mandato constitucional del presidente de la República y que por mandato legal las delegó en las comisiones de regulación.
Y añade El Tiempo que con la medida que se encuentra frenada, se tiene únicamente por finalidad reasumir unas funciones delegadas, se dejaría sin sustento el soporte de los Decretos 1524 y 2253 de 1994.
“En atención a las exposiciones precedentes, le solicito al H. Consejo de Estado se sirva revocar en su integridad el auto de fecha 2 de marzo de 2023, mediante el cual se resolvió decretar una medida cautelar de urgencia, en el sentido de ordenar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 “Por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, puntualizó.
Medida es provisional y cautelar
Recientemente, Quiroga afirmó a La República que “la medida es provisional y cautelar, desde luego la apelaremos, haremos todo lo posible y presentaremos los recursos necesarios”.
También anotó que en el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023 dicta que el presidente asumiría funciones generales, no regulatorias ni particulares.
Quiroga indicó que lo que se viene haciendo es desarrollar parámetros técnicos para que las comisiones reguladoras, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), las tengan en cuenta para las tarifas de cualquiera de los servicios públicos.
“Al presidente no le pueden quitar las facultades que le da la Constitución en el Artículo 370″, resaltó Quiroga a La República al decir que se seguirá trabajando en las propuestas que se vienen trabajando y se hará uso de las facultades que la Constitución Política le da al presidente.