Una vez más el glifosato en el centro de la escena y la discordia. La mesa de enlace de provincial integrada por Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE); Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO); Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA), mediante un comunicado se pronunció en contra de la ordenanza número 9798 promulgada en Rosario que prohíbe el uso del polémico glifosato.
CARSFE, CONINAGRO, FAA y SRA, calificaron la ordenanza como un hecho de inusitada gravedad por dos motivos fundamentales: "Por la astucia para engañar a la opinión pública y por la ingenuidad y desinformación de las fuerzas políticas mayoritarias, que han sido elegidas oportunamente para conducir el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante de dicha ciudad".
“Determinados sectores usan como banderas temas que generan sensibilidad en la sociedad para ganar espacio público en los medios, sin medir que estos aspectos, tan trascendentes, son abordados sin la seriedad y el aval científico que merecen”, indicaron las entidades en el comunicado.
Argumento
Desde la mesa provincial sostienen que "la ley que está vigente en la provincia (Santa Fe) y su decreto reglamentario prohíben el uso de fitosanitarios para controlar vegetales dentro de los ejidos urbanos. No sólo el glifosato, ningún fitosanitario puede ser utilizado en dicho ámbito".
Al respecto, Infobae dialogó con Martín Favre, coordinador de la Comisión de Agricultura de CARSFE. Favre remarcó el argumento de la circular y añadió: "Lo grave es que se usa esta medida para también extenderlo al resto del distrito Rosario, en el cual hay predios que no son urbanos y se dedican a producciones intensivas o extensivas".
Para el técnico de CARSFE, es una verdadera aberración técnica prohibir el glifosato en predios rurales, ya que su uso está aprobado por Senasa.
Las entidades manifestaron su posición haciendo referencia al sustento científico que hay en torno al plaguicida más famoso y usado en la agricultura. Tan es así, que Favre comentó: "Hubo una revisión bibliográfica en 2009 que encargó el Gobierno de Cristina Kirchner cuando tuvo el conflicto con el campo, en el cual todas las entidades científicas del país concluyeron en que el glifosato es seguro usándolo bajo buenas prácticas agrícolas y además, hay una recomendación del Ministerio de Agricultura de la presidencia anterior, más precisamente del 2013 en la cual se habla de las pautas para las aplicaciones".
Las entidades del ámbito agropecuario consideraron que hay que atenerse a las aprobaciones de los organismos específicos como el Senasa en Argentina, y que se debe respetar la normativa nacional y provincial vigente.
“El problema mayor radica en que una medida de estas características va más allá, generando un perjuicio a los productores sin un sustento técnico adecuado”.
¿Hay vuelta atrás?
Al ser consultado si es posible revertir la medida tomada, Favre respondió: "Se puede modificar la ordenanza y que solamente sea aplicable al ejido urbano", y resaltó: "No lo queremos dejar pasar, porque no hay ninguna argumentación técnica para prohibir el uso glifosato y creemos que también se busca generar un efecto mediático y no nos queremos quedar sin responder y aclarar el tema".
Una nueva de ley
En sintonía con el tema, las cuatro entidades del campo están trabajando sobre una nueva ley de fitosanitarios provincial, debido a que se genera mucho debate en torno a las distancias, diferentes ordenanzas y se requiere una ley marco.
Al respecto, Favre aseguró que la ley vigente no es mala, pero es vieja, dado que fue la primera en el país y comentó que hay una sensación en los actores en adecuarla para que las ordenanzas no sean tan variables. En este sentido, ejemplificó: "Hay lugares con cero metros de restricciones y otros, donde están prohibidos hasta 1.500 metros de los ejidos urbanos. Entonces, hay productores que trabajan en tres o cuatro comunas y tienen que estar viendo tres o cuatro legislaciones distintas para hacer las aplicaciones, por eso se está trabajando para tener un criterio a nivel provincial".
Una figura clave que aparecería en la nueva ley y permitiría erradicar gran parte de los problemas, sería el veedor, un ingeniero agrónomo capacitado por el Ministerio de Producción.
Por último, Favre señaló que "en los años no electorales es más fácil impulsar este tipo de leyes que tienen costo político, y que los ambientalistas nunca están conformen con nada".
Por su parte, en Mendoza avanzan en la aprobación del proyecto de la Ley de Agroquímicos que ya cuenta con media sanción en Senadores y aguarda su tratamiento en Diputados.