El Tribunal Supremo de Justicia chavista declaró nulo el nombramiento de los nuevos directivos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) designados por la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente interino del país Juan Guaidó.
La Sala Constitucional del máximo tribunal, controlado por el régimen, estableció el jueves "la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos" de la designación efectuada por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de los miembros de la junta directiva de PDVSA y los ejecutivos de sus filiales y empresas mixtas, argumentando que su nombramiento choca abiertamente con la constitución al "darse la usurpación de atribuciones del Presidente Constitucional de la República".
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En su sentencia, el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, señaló que de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, las personas legítimas para "dirigir PDVSA, representarla y suscribir compromisos frente a terceros", son el mayor general Manuel Quevedo, presidente de la paraestatal, que también funge como ministro de Petróleo, y otros 12 miembros de la junta directiva designada por Maduro.
El Tribunal Supremo también dictó una serie de medidas cautelares, entre las que destaca la prohibición de designación de cualquier persona para funciones gerenciales, operativas y administrativas de la petrolera estatal, sus filiales y empresas mixtas, salvo que "emanen de la directiva legítima" establecida en la sentencia.
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La Sala Constitucional también exhortó al Ministerio Público a que inicie las investigaciones correspondientes de todas las personas que han aceptado las designaciones declaradas nulas, y exhortó a la Sala de Casación Penal del máximo tribunal a que comience los trámites correspondientes para el traslado al territorio venezolano de los "ciudadanos nombrados que se encuentren fuera del país, a los fines de su enjuiciamiento penal".
A mediados de febrero, la Fiscalía General adelantó que investiga a una "junta administradora ad hoc" de PDVSA y los directivos de su filial estadounidense Citgo y a más de una decena de nuevos jefes de misión en países que reconocen como presidente encargado a Guaidó.
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En enero, la Fiscalía General también inició una investigación contra Guaidó. Como consecuencia de ese proceso el Tribunal Supremo le prohibió salir del país, congeló sus cuentas bancarias y le prohibió enajenar sus bienes.
Guaidó, que ha venido asumiendo competencias del poder ejecutivo y presiona a Maduro para que renuncie, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de más 50 países que sostienen que la reelección del gobernante socialista el año pasado fue ilegítima.
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(Con información de AP)
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