Estados Unidos está intensificando su campaña de presión sobre el líder de Venezuela tras incautar un petrolero frente a la costa del país.
Estados Unidos emitió el jueves nuevas sanciones contra el sector petrolero de Venezuela y contra miembros de la familia del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que tomaba medidas para retener decenas de millones de dólares en petróleo de un gran buque que las fuerzas estadounidenses incautaron frente a la costa del país.
La economía de Venezuela depende del petróleo y ha resultado perjudicada por las sanciones estadounidenses, lo que ha llevado al gobierno de Maduro a contrabandear y vender crudo a través de una red de barcos petroleros e intermediarios. Las nuevas sanciones se dirigen contra tres sobrinos de la esposa de Maduro y seis compañías navieras.
Por otra parte, el gobierno de Donald Trump busca la autoridad legal para confiscar el petróleo del Skipper, un buque petrolero que las fuerzas estadounidenses abordaron y del que tomaron posesión el miércoles en aguas internacionales cerca de Venezuela, según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. El petróleo procedía de una empresa estatal venezolana. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han obtenido una orden de incautación para el petrolero --al decir que en el pasado se había utilizado para el contrabando de petróleo iraní--, pero no para la carga que se encuentra actualmente a bordo.
"Existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo y se seguirá ese proceso legal", declaró Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.
Juntas, las sanciones y la incautación del Skipper representan un nuevo frente en la campaña del presidente Trump para desestabilizar el régimen de Maduro. Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel "narcoterrorista" y ha autorizado una serie de ataques militares letales contra embarcaciones que, según ha afirmado sin presentar evidencias al público, transportan drogas. Muchos funcionarios y exfuncionarios de Washington afirman que la escalada militar en la región tiene como objetivo final el cambio de régimen.
Más tarde ese mismo día, Trump sugirió que la migración era uno de los factores que provocaron la incautación del petrolero, al decir que Venezuela había "permitido que millones de personas entraran en nuestro país".
Y reiteró advertencias anteriores sobre una escalada mayor.
"Va a empezar en tierra muy pronto", dijo sobre ataques en Venezuela.
Lo más probable es que las acciones del gobierno estadounidense de esta semana reduzcan el número de petroleros dispuestos a cargar petróleo en Venezuela, lo que aislará aún más a un país que depende en gran medida de los ingresos que recibe por la exportación del combustible fósil. Sin embargo, apenas hubo efectos inmediatos sobre los precios del petróleo, que se mantuvieron en torno a los 58 dólares por barril en Estados Unidos. El mercado se mantiene impasible porque Venezuela produce poco petróleo, menos del 1 por ciento del que utiliza el mundo.
El jueves aparecieron nuevos detalles sobre el petrolero incautado, incluida su tripulación, la cual procede principalmente de Rusia, según un funcionario estadounidense, quien no estaba autorizado a hablar públicamente. Las autoridades estadounidenses han pedido a la tripulación que navegue con el Skipper hasta Estados Unidos, pero tienen otra tripulación preparada por si fuera necesario, dijo el funcionario.
El petrolero tiene una capacidad de 2 millones de barriles. Se cargó casi a su máxima capacidad en un puerto venezolano hace aproximadamente un mes, según los datos recogidos por Kpler, una empresa que vigila el transporte marítimo mundial de petróleo. El valor del petróleo transportado por el Skipper ascendía a unos 78 millones de dólares, dijo Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Denver.
Es posible que el buque haya intentado recientemente ocultar su ubicación y disimular sus actividades, según un análisis de imágenes de satélite y fotografías realizado por el New York Times, lo que refleja el sombrío mundo del contrabando en el que se dice que opera.
El 6 de diciembre, el Skipper realizó una transferencia de barco a barco en mar abierto cerca de Curaçao, y descargó unos 50.000 barriles de petróleo en otro petrolero llamado Neptune 6, según Kpler, así como TankerTrackers.com, una empresa que presta servicios similares.
El Neptune 6 se dirige actualmente a Cuba, dijo Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de petróleo de Kpler.
El uso de fuerzas militares y policiales estadounidenses para incautar un petrolero extranjero en alta mar es inusual. Pero el Skipper había estado en el radar del gobierno estadounidense durante varios años, como parte de la denominada flota fantasma que se dedica al contrabando de petróleo en el mercado negro en todo el mundo. Tanto Venezuela como Irán han hecho un amplio uso de estos barcos para contrabandear petróleo y eludir las sanciones internacionales.
En los últimos años, el Skipper ha navegado por todo el mundo transportando petróleo tanto para Irán como para Venezuela, según los datos de seguimiento de buques de TankerTrackers.com y Kpler y el análisis del Times.
En 2022, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Skipper, que entonces navegaba con otro nombre, por contrabando de petróleo iraní ilícito. Los fiscales estadounidenses han dicho que Irán utiliza las ganancias de la venta de petróleo para financiar el terrorismo. Esa designación le permitió a Estados Unidos embargar el buque el miércoles.
"El Departamento de Justicia solicitó y obtuvo la aprobación de una orden para incautar un buque porque se trata de un buque fantasma sancionado conocido por transportar petróleo sancionado en el mercado negro" para Irán, dijo Leavitt el jueves en la Casa Blanca.
A pesar de la base jurídica de la incautación en relación con Irán, los funcionarios estadounidenses han dejado claro que sus acciones estaban destinadas a presionar a Venezuela y que podrían incautar más petroleros que transporten petróleo venezolano en el futuro.
Entre las medidas del gobierno de Trump para presionar a Venezuela se encuentran las sanciones anunciadas el jueves.
Dos de los sobrinos de Maduro a quienes se impusieron sanciones fueron detenidos en Haití en 2015 cuando ultimaban un acuerdo para transportar un cargamento de cocaína a Estados Unidos. Los hombres, a los que el Departamento del Tesoro se refirió como "narcosobrinos", fueron condenados en 2016 por cargos de narcotráfico, pero el expresidente Joe Biden les concedió clemencia en 2022 y regresaron a Venezuela, donde, según el Departamento del Tesoro, continuaron traficando con drogas.
Las sanciones también afectaron a la economía de Venezuela al incluir en la lista negra a seis empresas navieras --Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited-- que tienen buques que transportan petróleo venezolano.
Los buques en cuestión fueron "bloqueados" por el Departamento del Tesoro, lo que les impide hacer negocios internacionales, aunque no estaba claro si Estados Unidos planeaba incautarlos.
Colaboraron con la reportería Simón Romero en Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott en Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron en Washington.
Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.
Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.
Farnaz Fassihi es la jefa del buró del Times para las Naciones Unidas y dirige la cobertura sobre la organización. También cubre Irán y ha escrito sobre el conflicto en Medio Oriente durante 15 años.
Alan Rappeport es reportero en materia de política económica radicado en Washington. Cubre el Departamento del Tesoro estadounidense y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales.
Colaboraron con la reportería Simon Romero desde Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott desde Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron desde Washington.
Colaboraron con la reportería Simon Romero desde Bogotá, Colombia; Christiaan Triebert y Rebecca F. Elliott desde Nueva York, y Eric Schmitt y Chris Cameron desde Washington.