El delito de genocidio, por el que la Fiscalía de la Nación abrió este martes una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros, es definido como el “crimen de crímenes” por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998).
Tiene su origen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez se puso en marcha un proceso cuyo objetivo fue el de “localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico”, según el historiador y experto en el Holocausto, Yehuda Bauer.
Te puede interesar: Protestas EN VIVO: 18 fallecidos, saqueos y nuevas movilizaciones en Puno, Arequipa y Cusco
“Fue en los años ochenta donde, a raíz de la reforma penal, se pudieron ver los primeros intentos por el legislativo de regular el delito a través de los proyectos de Código Penal publicados en el diario oficial El Peruano en los meses de setiembre y octubre del año 1984″, recoge un artículo del abogado Andi Medina para el portal La Ley.
“Sin embargo, en estos proyectos no se llegó a especificar los ilícitos contra los derechos humanos y no fue hasta el proyecto de reforma de 1985″, cuando se tipificó por primera vez. Desde entonces, el delito ha transitado por varias regulaciones.
El artículo 319 del actual Código Penal señala que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza cualquiera de los actos siguientes”:
♦ Matanza de miembros del grupo.
♦ Lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo.
♦ Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial.
♦ Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
♦ Transferencia forzada de niños a otro grupo.
Es el mismo delito por el que, en agosto de 2020, fue denunciado penalmente el expresidente Martín Vizcarra ante las más de 26.000 personas fallecidas y 500.000 contagiadas a causa de la COVID-19.
La denuncia fue elevada por Liliana Humala, abogada y prima del exjefe de Estado, Ollanta Humala, en medio de un juicio político por el llamado Vacunagate, un escándalo que centró a Vizcarra al recibir una dosis de inmunización contra el coronavirus en secreto, junto a más de 400 funcionarios gubernamentales y familiares.
En el caso de Dina Boluarte, la investigación preliminar es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, señaló el Ministerio Público.
La medida también alcanza al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Asimismo, contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
blockquote class="twitter-tweet">La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2023
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por orquestar un golpe de Estado.
Voto de confianza
Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para este miércoles “en respeto a los caídos” en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas.
Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado “paz social”, el premier lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas.
Otárola acudió este martes al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, quien entonces era investigado por corrupción y ahora cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
SEGUIR LEYENDO