La corrupción es uno de los delitos más comunes en los funcionarios públicos. Actualmente, Pedro Castillo, su entorno familiar y laboral están implicados en malas prácticas. Pero no es el único mandatario envuelto en estos casos. Durante los últimos 30 años, todos los expresidentes de Perú están investigados por este delito. Sin embargo, la problemática no aborda solo al Poder Ejecutivo. De acuerdo a una investigación de Centro Liber, 16 congresistas cursan procesos legales por este delito. Esta situación no es ajena a los peruanos, quienes confesaron en un estudio de Activa Perú que la corrupción es el principal problema del país.
La encuesta realizada en julio de este año reveló que el 46,2% de participantes confesaron que el principal problema del país es la corrupción, el 30,5% consideró como segunda opción a la inflación y alza de precios y el 26,1% manifestó que el tercer principal problema del país es la economía. El 25,8% de los entrevistados también respondieron que la inseguridad pública y delincuencia es uno de los problemas del país y otro 18,8% opinó que el gobierno lo es.
En lo que concierne al avance del país, el 63,9% de los ciudadanos aseguraron que Perú está avanzando en la dirección incorrecta, mientras que el 24,1% consideró que no está seguro de su avance y el 12% indicó que el Estado está dirigiéndose hacia la dirección correcta.
En lo que concierne al progreso del país, el 50,9% de los encuestados manifestaron considerar que Perú está estancado, 35,2% afirmaron que está retrocediendo, el 8,7% confesó que está progresando y 5,3% no respondió.
Activa Perú también recaudó percepciones sobre la situación actual de la economía. El 58,% de los encuestados respondieron que consideran que la economía está mal, el 37,3% afirmó que está regular y solo el 3,8% la calificó de buena o muy buena.
La encuestadora también evaluó la opinión de los peruanos sobre el futuro del país. De acuerdo a los resultados, el 47,8% de los participantes contestaron que en un futuro Perú estará peor o mucho peor, el 26,1% respondió que estará igual y el 19,5% precisó que estará mejor.
Corrupción en Perú
El país andino es uno de los Estados más afectados por la corrupción. Anteriormente, Infobae detectó que durante los últimos 30 años los siete presidentes de Perú están involucrados en actos de corrupción. Desde 1990, la llegada de Alberto Fujimori y su asesor presidencial Vladimiro Montesinos representó una dura época para el país, las instituciones políticas se vieron debilitadas por los actos de corrupción que proporcionó el ingeniero, quien actualmente está recluido en prisión por crímenes de lesa humanidad y otros delitos, entre ellos, hechos de corrupción.
Años más tarde también ocupó la presidencia de la República Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quienes marcaron una nueva etapa de corrupción: la vinculación de la empresa constructora Odebrecht en Perú. De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, los exmandatarios actuaron a favor de la empresa brasilera para la adjudicación de obras en el país.
Sin embargo, la corrupción no solo aborda a los miembros del Poder Ejecutivo, según el Centro Liber, actualmente hay 16 congresistas que enfrentan procesos por corrupción. Dentro de ellos se encuentran Jorge Luis Flores Ancachi y Pedro Edwin Martínez Talavera, de Acción Popular; Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez, Eduardo Salhuana Cavides e Idelso Manuel García Correa, de Alianza Para el Progreso; y Waldemar José Cerrón Rojas y Óscar Zea Choquechambi, de Perú Libre.
La lista también está conformada por Diana Carolina Gonzales Delgado, de Avanza País; Wilmar Alberto Elera García, de Somos Perú; Jorge Alberto Morante Figari y Nilza Merly Chacón Trujillo, de Fuerza Popular; Carlos Javier Zeballos Madariaga, de Perú Democrático; José León Luna Gálvez, de Podemos Perú; y Flor Medina de Integridad y Desarrollo.
El costo de la corrupción
En julio del presente año, el contralor de la República, Nelson Shack, informó que el Estado peruano ha perdido más de 24 millones de soles por actos de corrupción durante el año 2021. De acuerdo a lo mencionado, 13 de cada 100 soles se perdieron por esta razón.
“Eso es el equivalente al 13.6%, es decir que 13 de cada 100 soles los perdemos. Se lo roban o son sobrecostos, como producto de la inconducta funcional e ineficiencia, que incorporamos en el gasto. Esa plata no beneficia a los ciudadanos”, precisó.
Años atrás, la Contraloría emitió un informe acerca de lo que representa económicamente la corrupción en Perú. Según el documento, en el año 2020, Perú perdió más de 22 mil millones de soles por corrupción. Las regiones que registran mayores pérdidas a nivel económico son Lima, Callao, Cusco, Arequipa y Áncash. Asimismo, la institución precisó que la entidad con mayor incidencia en corrupción es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual alcanzó pérdidas de más de 1 millón 900 soles.
La Procuraduría también hizo una estimación de las consecuencias económicas de la corrupción en el país. Centro Liber informó que la entidad ha aproximado que al tratarse de delitos contra la administración pública, algunos casos han requerido el pago de reparaciones civiles que superan los 64 millones de soles.
Derechos perjudicados por la corrupción
Si bien la corrupción genera un perjuicio económico, estas malas prácticas también impiden el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Martín Cabrera, abogado y exgerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General de la República, explicó a Infobae que es posible presenciar los efectos de la corrupción en las carencias de los servicios estatales.
“Por ejemplo, al percibir que los servicios de transporte no son adecuados, al percibir que la educación es interrumpida o se presta en infraestructura que no tiene las condiciones adecuadas para un buen aprendizaje, al percibir que los alimentos escasean”, mencionó.
De acuerdo al experto, aunque hay muchas formas de presenciar la corrupción, no siempre es posible identificarlas. Cabrera indicó que esto se debe a que no se han formado a los ciudadanos en materia de derechos y se ha normalizado que los servicios estatales sean deficientes. “El ciudadano no es consciente de que él es parte de lo que ocurre porque no ha tenido una formación en ello o no se ha generado ese espacio”, acotó.
El abogado también señaló que las autoridades o instituciones envueltas en actos de corrupción suelen emplear estrategias para que los actos de corrupción puedan pasar desapercibidos. “Quienes se aprovechan de la corrupción han sabido, de manera muy estratégica apropiarse, de ciertos espacios para evitar el desarrollo de ciertas competencias o capacidades de las instituciones del Estado de la sociedad civil de la familia”, advirtió.
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