El Gobierno de Polonia ha solicitado formalmente a Bielorrusia la extradición de dos ciudadanos ucranianos acusados de cometer "crímenes terroristas" en su territorio, tras una serie de sabotajes ferroviarios atribuidos a la injerencia rusa. El anuncio fue realizado este jueves por Maciej Wewiór, portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, quien informó de la entrega de una nota diplomática al responsable de negocios bielorruso en Varsovia. En la comunicación se detallan dos actos de sabotaje ocurridos los días 15 y 17 de noviembre en la ruta Varsovia-Lublin, un corredor estratégico utilizado para el envío de ayuda internacional a Ucrania.
De acuerdo con lo expuesto por Donald Tusk, primer ministro polaco, ambos sospechosos ya han sido identificados: uno fue condenado en mayo por sabotaje en un juicio en ausencia por un tribunal de Leópolis, y el segundo es un residente del Donbás. Según las autoridades, ambos entraron en Polonia desde Bielorrusia en el otoño de este año y, tras llevar a cabo los ataques, cruzaron la frontera polaca hacia Ucrania a través del paso de Terespol. Tusk afirmó que los servicios de seguridad polacos tienen imágenes y datos completos sobre los implicados, pero evitó revelar sus nombres debido a investigaciones en curso.
Los hechos saboteadores, confirmados el lunes 17 de noviembre, incluyeron la explosión de un artefacto de uso militar con explosivos C4 y detonación a distancia mediante un cable de 300 metros, así como el intento de descarrilar un tren empleando una abrazadera de acero. Además, se detectaron daños en el sistema eléctrico y herramientas presumiblemente empleadas por los perpetradores. Según Tusk, “el objetivo era provocar una catástrofe ferroviaria“.
Durante una comparecencia parlamentaria, Tomasz Siemoniak, ministro de Servicios Especiales, destacó la magnitud de la información obtenida y describió la investigación como “sin precedentes” para los servicios de Inteligencia polacos. En la misma jornada, Czesław Mroczek, viceministro del Interior, detalló que los responsables fueron identificados en cuestión de horas y señaló que continúan las detenciones tras los incidentes, sin especificar cuántas personas han sido arrestadas ni su vinculación exacta con los sabotajes.
La respuesta del Ejecutivo polaco también implica la introducción del nivel CHARLIE de alerta antiterrorista, el segundo más alto de los cuatro existentes, en determinadas líneas ferroviarias. Entre las medidas adoptadas figura la vigilancia 24 horas en cruces, túneles y puentes, control especial de accesos y el refuerzo del armamento a los equipos encargados de la protección de infraestructuras críticas.
Desde enero de 2024, Polonia ha registrado al menos 55 detenciones por sabotaje, de las que 23 han conducido a encarcelamientos efectivos, según datos ofrecidos por Tusk. El primer ministro imputó a Rusia la coordinación de los últimos hechos, aludiendo a que “en todos los casos relacionados con sabotajes y actos de espionaje (en Polonia) se ha detectado una conexión con los servicios rusos”. Añadió que la motivación no es únicamente el daño directo, sino también generar desorganización, pánico y sentimientos antiucranianos en el país.
En rueda de prensa, Tomasz Siemoniak vinculó estos incidentes a intentos de desestabilizar a los Estados que apoyan a Ucrania y describió los ataques como emprendidos “por encargo de servicios extranjeros”. Por su parte, Waldemar Żurek, ministro de Justicia y Fiscal General, los definió como parte de la "guerra híbrida" entre Polonia y Rusia.
La Fiscalía Nacional polaca ha creado un equipo especial de fiscales apoyados por la Agencia de Seguridad Interior (ABW), que trabaja en la recolección y el análisis de pruebas, incluidas imágenes de videovigilancia. Żurek aseguró que los responsables “serán perseguidos implacablemente” y enfatizó que los delitos relacionados con catástrofes en transportes públicos pueden ser castigados con hasta cadena perpetua.