María Rosete, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), señaló la importancia de que las adolescentes embarazadas deban de contar con las herramientas necesarias para que puedan ejercer su derecho a una sexualidad libre e informada, por lo que instó al Estado mexicano a impulsar las políticas públicas que lo puedan materializar.
A través de un comunicado oficial, Rosete Sánchez recordó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), un millón de mujeres menores de edad dan a luz cada año en México debido a las limitaciones para acceder a una educación sexual integral. Por lo que garantizar un adiestramiento en esta materia podría garantizar el derecho a una maternidad digna, consciente y deseada.
En ese sentido, informó de la presentación de un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), a implementar acciones que promuevan el respeto a la identidad e intimidad de las menores de edad embarazadas; dicho punto de acuerdo fue avalado en la Comisión de Salud de San Lázaro.
Para respaldar esta decisión, la diputada federal argumentó que las niñas y adolescentes embarazadas tienen derecho al goce y disfrute del más alto nivel posible de salud y la protección de su intimidad con pleno respeto a sus derechos de identidad e imagen; asimismo, planteó que se deben de garantizar las condiciones adecuadas para que la futura madre y su hijo tengan una vida digna y desarrollo pleno.
Recalcó que el Poder Legislativo y la sociedad deben trabajar a la par para crear una agenda que garantice los derechos humanos de todas las mujeres, sobre todo, para aquellas adolescentes que por falta de educación sexual se ven forzadas a asumir una realidad que quizá no deseaban.
Ene este contexto, se debe de agregar que cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México, de las cuales, seis de cada 10 veces, se producen en casa y en el 60% de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Estado mexicano ocupó, en 2019, el primer lugar en abuso sexual infantil. Además, sólo el 10% de éstos se denuncian, y de ellos, solamente el 10% se judicializan y de ellos, nada más el 1% reciben sentencia condenatoria.
Además, se debe de contemplar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no es legal en todo México, sino en unos estados, por lo que las mujeres en diferentes entidades de la república se verán obligadas a ser madres aunque sean menores de edad, por lo que la cultura de la educación sexual debe de ser prioritaria en la república.
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