Este 26 de septiembre se cumplen siete años de aquella trágica noche en Iguala, Guerrero, que marcó al país y conmocionó al mundo: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Jesús Murillo Karam, la caravana de “normalistas” que se dirigían a Iguala para participar en su tradicional marcha del 2 de octubre (2014), fue interceptada por policías municipales, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.

Dicho cártel, presuntamente confundió a los estudiantes con miembros de Los Rojos, grupo delincuencial rival, por lo que los asesinaron y “quemaron” en un vertedero de basura en Cocula, arrojando sus restos al río San Juan.

Esta versión oficial de los hechos fue autodenominada como la “Verdad Histórica” por el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, hasta la fecha ha sido muy criticada por las madres y padres de los 43, así como por organismos internacionales, debido a las inconsistencias en la narrativa y los medios usados para conseguir testimonios, como la tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país en 2018, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los estudiantes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.

Si bien Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; así como el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, recalcaron este 24 de septiembre en conferencia de prensa que la “Verdad Histórica” terminó por desmontarse, y hay hallazgos y nuevas líneas de investigación con el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación”, lo cierto es que no se ha logrado esclarecer qué pasó esa trágica noche y dónde están los estudiantes.

El caso cumple siete años y en los últimos meses ha surgido información que le da un nuevo giro.

El 15 de junio pasado, el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó que los restos óseos hallados en la barranca de La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, corresponden al normalista Jhosivani Guerrero.

En el mismo punto fue encontrado el hueso de Christian Rodríguez Telumbre. En julio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que sus restos habían sido identificados también por dicha universidad.

De acuerdo con el fiscal especial, los restos de los dos estudiantes identificados no mostraron signos de exposición al fuego, sino a la intemperie.

Y en diciembre de 2014, la PGR indicó que un pedazo de muela y de hueso, localizados en el Río San Juan, correspondían Alexander Mora Venancio. Sus restos eran tan pequeños que quedaron destruidos cuando se hizo en análisis forense en Innsbruck.

Según el fiscal especial, hasta ahora se han obtenido 89 órdenes de aprehensión, tanto por la desaparición de los estudiantes como por la manipulación de la investigación. De estas, se han ejecutado 49 y quedan pendientes 40, entre ellas la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En 2020 el gobierno mexicano informó que el ex funcionario se encontraba en Canadá, pero posteriormente se trasladó a Israel donde se presume que continúe ahí, por lo que se emitió una ficha roja de Interpol para su localización.

Sin embargo, este país no cuenta con un tratado de extradición con México, por lo que según fuentes consultada por el New York Times, autoridades israelíes se han negado a cooperar con López Obrador a causa de la postura que ha tomado en las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra del país contra los palestinos.

En lo que respecta a todas las personas presentadas por la PGR en conferencias de prensa como autores materiales de la desaparición y ejecución de los normalistas, todos quedaron exonerados por haber indicios de que fueron torturados durante los interrogatorios. Además, 21 personas relacionadas con los hechos han sido asesinadas como a Juan Salgado Guzmán, el Indio y/o el Calderas, ex líder de Guerreros Unidos.

Y de los detenidos, figura Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial (PFM), quien fue internado en septiembre de 2020 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por su presunta participación en el video que se difundió en los medios en junio de 2019, donde se observa cómo tratan de asfixiar con una bolsa de plástico a Carlos Canto Salgado (señalado como integrante de Guerreros Unidos) para que confiese. Dicho material data de octubre de 2014.

Asimismo, el 18 de marzo del año pasado, Ezequiel Peña Cerda, director del área de la AIC, e Isidro Junco Barajas, encargado de seguridad en la Cámara de Diputados, fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en la tortura de Canto Salgado.

Mientras que de las Fuerzas Armadas, el capitán de infantería José Martínez Crespo, aprehendido en noviembre de 2020.

A pesar de la descalificación de la “Verdad histórica”, hoy en día los principales sospechosos todavía son el Ejército Mexicano, Guerreros Unidos, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y los policías municipales de Iguala y Cocula.

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