El Instituto Nacional Electoral (INE) reasignará recursos originalmente destinados a otras tareas para organizar la consulta popular sobre investigación a ex presidentes.
La dependencia electoral fue notificada sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional que presentó para que le fuera otorgado capital extra y llevar a cabo la consulta el próximo 1 de agosto.
A inicios de junio, la SCJN determinó que el recurso interpuesto por el INE fue infundado, debido a que sí tiene cómo solventar gastos de operación y realizar el plebiscito promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que no se especificó de dónde se obtendrán los fondos, el órgano electoral acatará la decisión y hará uso del dinero que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2021.
De acuerdo con la Primera Sala de la Corte, el INE contó con excedentes presupuestales para 2021. Pero la institución negó esa afirmaciones, pues explicó que le fueron asignados 26 mil 819 millones, 801 mil 594 pesos, luego de sufrir un recorte de 870 millones de pesos a su presupuesto contemplado.
Pero al menos siete mil 226 millones (7,226,003,636) fueron para financiamiento público de Partidos Políticos Nacionales, sus gastos de campaña y el conjunto de las Candidaturas Independientes. De ahí que se argumenta, no hubo fondos sobrantes.
En su resolución, la SCJN estableció que el INE debió prever en su solicitud de recursos para 2021, los correspondientes adicionales para la consulta.
Pero el proyecto de presupuesto fue elaborado y enviado en agosto del año pasado, un mes antes de que el presidente solicitara someter al juicio de la ciudadanía si están de acuerdo con investigar a sus antecesores. Además, el decreto para la convocatoria de la consulta popular se publicó el 28 de octubre de 2020.
“Era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas”, se quejó el INE.
Por otra parte, el órgano electoral advirtió a la Cámara de Diputados y a la Presidencia que necesitaba fondos adicionales, pero no obtuvo respuesta.
“El 15 de diciembre de 2020, el INE promovió una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, precisamente por no haber aprobado los recursos necesarios para la realización de ese ejercicio de participación ciudadana. Esta controversia no ha sido resuelta”, señaló el instituto.
En su conferencia de prensa matutina del 22 de junio, el presidente dijo que el INE podría realizar la consulta pues, aseguró, el órgano cuenta con un presupuesto suficiente y es una institución muy costosa al erario público.
“Para la difusión de la consulta, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10 mil millones, es el organismo electoral más costoso del mundo”, aseveró.
Agregó que las denuncias del órgano por escasez de recursos fueron a raíz el derroche de dinero entre los consejeros del mismo.
“¿Cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan mas que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Tienen tiempo en todos los medios de información, hay tiempos oficiales. Lo que pasa es que no les gusta se hable de la consulta.”, mencionó.
El 15 de septiembre de 2020, López Obrador envió una iniciativa para que en un método de participación directa, los ciudadanos mexicanos decidan si debe investigarse a ex mandatarios por delitos que pudieron haber cometido.
Luego, el Congreso de la Unión aprobó la petición. Finalmente, la Suprema Corte estudió el caso y determinó que la pregunta, que incluía los nombres de los ex presidentes (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) no era válida, pero sí la materia de la consulta, por lo que modificó el cuestionamiento que los mexicanos definirán el 1 de agosto por la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
El domingo 27 de junio pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, detalló que más de 287,000 ciudadanos participarán como funcionarios de las mesas que se instalarán en todo el país para la consulta.
Dicho personal será escogido entre quienes fueron encargados de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio. Por otro lado, señaló que en las próximas semanas, 9,630 instructores del INE recorrerán todo el país reclutando a las personas que se involucrarán en la organización y operación del ejercicio democrático.
El resultado será vinculante si se logra el 40% de participación de la lista nominal de electores.
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