(Foto: cortesía)
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Por José María Ramos*

Las caravanas de migrantes centroamericanos –cerca de 3,000 migrantes- que han arribado a Baja California son reflejo de la flexibilidad de la política actual de la seguridad nacional y fronteriza del Estado mexicano. Lo cual está generando tensiones con el gobierno de Estados Unidos y con ello se ha fortalecido la seguridad fronteriza, situación inaudita en los últimos 40 años. La ausencia de una eficaz política preventiva del Estado mexicano en materia de migración internacional refleja las limitaciones del Programa Especial de Migración (PEM), promovido en la pasada administración federal. Dicho Programa promovía entre otros objetivos la corresponsabilidad migratoria con Centroamérica y una migración ordenada y segura.

El PEM se concebía con un carácter transversal y multisectorial, orientaba y daba seguimiento al cumplimiento de programas y acciones específicas en materia migratoria con un enfoque intergubernamental. El estado de Baja California pudo ser un laboratorio de una eficaz gobernanza multinivel con las poblaciones migrantes internacionales. En la coyuntura actual, la problemática es más compleja, pero existen espacios por promover una gobernanza migratoria, acorde a las prioridades de la nueva administración federal.

Desde la perspectiva de la Organización Internacional de las Migraciones, la gestión de la migración es un campo abierto a una amplia participación de diferentes entidades: los gobiernos, las asociaciones de migrantes, las autoridades locales, los organismos internacionales (ACNUR, Amnistía Internacional y ONU), las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de empleadores, la comunidad académica y el sector privado. Todos estos actores se tienen que gestionar bajo un eficaz proceso de gobernanza, el cual parcialmente ha existido en el contexto actual de Tijuana y en general en Baja California.

En suma, gobernanza, políticas y transversalidad nos reflejan que las lecciones aprendidas en varios países del mundo indican que la migración aumenta su potencial de desarrollo cuando se regula, se integra con las estrategias de desarrollo, se protege mediante la cooperación diplomática y se acompaña con políticas de retorno y reintegración de los migrantes (OIM y FIIAPP, op. cit.). Este es el reto de una gobernanza y una política pública en el estado de Baja California con respecto a los migrantes centroamericanos y en general con los migrantes deportados.

La frontera de Tijuana-San Diego es una de las fronteras más relevantes a nivel internacional, por los cerca de 70,000 cruces por día. Las tensiones generadas por la presencia de migrantes centroamericanos reflejan la dificultad de gestionar una agenda diversa de temas multinivel, entre los que destacan el derecho de emigrar, los derechos humanos, la seguridad pública, los recursos presupuestarios para atender las demandas de asistencia social, la polarización social y las percepciones socioculturales locales, los efectos laborales, turísticos y comerciales transfronterizos, la seguridad fronteriza y nacional de México y Estados Unidos. En la coyuntura actual se seguirán presentado tensiones con Estados Unidos, lo que debe conllevar a que el estado de Baja California proponga una agenda de gobernanza multinivel con el gobierno federal mexicano y sus contrapartes transfronterizos.

Para el gobierno de Trump la coyuntura actual ha sido una oportunidad para visibilizar la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y demandar mayor presupuesto para la frontera. De ahí el dilema para México: promover el derecho de migrar, eficaz respeto de los derechos humanos tanto de connacionales como centroamericanos y mantener las prioridades binacionales en el marco de la Frontera del Siglo XXI: fortalecer la seguridad y paralelamente la agudización de los cruces fronterizos (autos, personas y mercancías). En ese contexto, Baja California tiene la oportunidad de visibilizar una política local y regional migratoria tolerante ante la diversidad social e interinstitucional, con alternativas viables para promover el desarrollo comunitario local y transfronterizo.

*José María Ramos es profesor-Investigador, El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana

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