Endurecimiento del embargo: un misil de Trump contra Cuba que estalla en Venezuela

(Chicago, especial) Bloqueo, embargo, retórica comunista-capitalista, confrontación permanente. La convulsionada relación entre Estados Unidos y Cuba de los últimos 60 años tiene ahora una nueva vuelta. La administración Trump permitirá que se planteen juicios sin precedentes en los tribunales estadounidenses contra algunas compañías extranjeras que hacen negocios en Cuba. La medida pretende desalentar una mayor inversión extranjera en la isla que le dé oxígeno a una economía asfixiada. También se trata de un tiro por elevación para el tambaleante régimen de Venezuela. Cuba es uno de los principales sostenedores del gobierno de Nicolás Maduro –los otros son Rusia, China, Irán y Turquía-. Miles de funcionarios de La Habana asesoran y trabajan junto a sus pares de Caracas a cambio de que los venezolanos les provean del imprescindible petróleo. Una alianza que ahora recibe un duro golpe a través de una elipsis que parte desde Washington, golpea en La Habana y estalla en Caracas.

Ya aparece muy lejana la histórica visita del entonces presidente Barack Obama a Cuba en marzo del 2016. El deshielo que produjo la calurosa recepción del entonces presidente Raúl Castro ya quedó en el olvido. Para el actual asesor de Seguridad Nacional, el duro John Bolton, Cuba forma parte junto a Venezuela y Nicaragua de la "troika de la tiranía" que azota a América Latina.

Desde 1996, cuando entró en vigencia la ley Helms-Burton, los sucesivos presidentes estadounidenses desistieron de aplicar una parte clave, denominada Título III, que permite a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demandar a personas o compañías que hacen negocios en Cuba usando propiedades incautadas por la revolución de 1959. Esto impidió que entrara en vigencia la totalidad de la ley y evitó las demandas contra las principales cadenas hoteleras, aerolíneas y compañías mineras que operan en Cuba, muchas en sociedad con compañías estatales. Los funcionarios de la Administración Trump, encabezados por el vicepresidente Mike Pence, Bolton y el senador Marco Rubio, discuten desde hace semanas la aplicación del Título III y por ahora encontraron un camino intermedio. Es probable que Trump firme una "exención parcial" que protege a los negocios estadounidenses y de los países aliados contra los litigios, pero permite demandas contra empresas de países europeos y los "hostiles" como Rusia y China.

Según una investigación del Consejo de Comercio y Economía de Estados Unidos con Cuba, una organización sin fines de lucro que promueve el comercio con la isla, por medio de la aplicación del Título III unas 200 empresas de 20 países podrían enfrentar demandas de personas que han certificado ser los dueños de propiedades confiscadas. La lista incluye numerosas aerolíneas y líneas de cruceros de Estados Unidos y Europa, y las principales cadenas hoteleras, como el NH Hotel Group de España y Melia Hotels International. También existe la posibilidad de que tanto el puerto principal de La Habana como el aeropuerto internacional estén construidos, al menos parcialmente, en terrenos que poseían antes de la revolución cubanos que luego emigraron a Estados Unidos.

Varias de las empresas europeas que serían sancionadas ya mantienen litigios con los tribunales estadounidenses por otras sanciones, las que afectan a los que hacen negocios con Irán. Desde la Unión Europea (UE) ya se levantaron voces de alarma porque la medida no sólo afecta a los capitales europeos sino que le da una ventaja comparativa a cadenas como la de los hoteles Marriott, que quedarían exentos de cumplir con la ley y podrían expandir los negocios que abrieron acompañando el deshielo promovido por el anterior gobierno de Washington. El embajador de la UE, David O'Sullivan, dijo que el tema iba a crear una dura confrontación con la Administración Trump ya que existe "un acuerdo entre Estados Unidos y la UE de que la ley Helms-Burton no se usaría para dañar los intereses europeos en Cuba".

"Lo lamentaríamos profundamente si este entendimiento se rompiera porque será una nueva fuente de conflicto entre nosotros, esperamos que no surja", dijo O'Sullivan el mes pasado.

Cualquier movimiento para permitir incluso algunas demandas en virtud del Título III desencadenaría un torrente de litigios, no solo las demandas por bienes confiscados sino también los desafíos legales sobre la validez de la ley Helms-Burton y la forma en que la administración Trump la está aplicando. La desinformación sobre las consecuencias de la medida confunde a muchos. La ex asesora especial sobre el tema cubano en el Consejo de Seguridad Nacional, Angela Mariana Freyre, explicó a la cadena de televisión NBC que el estatuto no aclara si la Casa Blanca puede renunciar al Título III en algunos países, pero no en otros. "Dado que el Título III fue eliminado por todos los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, desde 1996, en realidad nunca se ha probado su puesta en práctica. No sabemos cómo lo interpretarían los jueces. Y todo llevaría a un litigio de años".

Mientras se desarrollan estas discusiones de abogados, el gobierno cubano denunció que la administración Trump está "acercando grupos de fuerzas especiales a las fronteras de Venezuela en preparación para una aventura militar bajo el disfraz de una 'intervención humanitaria'".

Durante una conferencia de prensa a fines de enero en la que se anunciaban las sanciones a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, el asesor John Bolton, en un acto que no pareció un descuido, sostuvo una libreta en la que se podía leer claramente "5.000 soldados a Colombia". Unos días después, Bolton sugirió que si Maduro sigue negándose a abandonar el cargo, podría terminar encerrado en la prisión militar estadounidense de Guantánamo, junto a los extremistas islámicos prisioneros de la Guerra Antiterrorista. Otro halcón de la Administración Trump, el veterano funcionario y ahora enviado especial para el caso venezolano Elliott Abrams, amenazó repetidamente con acciones militares si Maduro no entrega el poder al presidente designado Juan Guaidó al tiempo que confiscó miles de millones de dólares en activos petroleros venezolanos.

El golpe a la economía cubana cierra aún más el círculo sobre el régimen de Maduro, que comienza a ver que no sólo no puede controlar las acciones de Guaidó y su poder de movilización ni las disidencias dentro de las fuerzas armadas y sus propias filas sino que ahora tiene que ver cómo se está resquebrajando su imprescindible apoyo externo.